La Fiscalía ha iniciado una investigación contra altos funcionarios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras recibir una denuncia del Grupo Parlamentario Socialista. La acusación señala la existencia de un presunto esquema irregular en la adjudicación de contratos para la construcción de varios centros de Formación Profesional, apuntando a un posible caso de fraccionamiento de contratos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación y cohecho.
Según las acusaciones, más de 300 contratos están siendo escrutados, con al menos ocho proyectos evidenciando prácticas irregulares, como el fraccionamiento de contratos en facturas menores de 40.000 euros, eludiendo así la competencia de licitación pública exigida por la Ley de Contratos del Sector Público. Uno de los casos más llamativos involucra al complejo educativo Ciudad Escolar, donde se construyó un hospital escuela bajo procedimientos cuestionables, con un presupuesto de 2,4 millones de euros y sin la formalización de un contrato oficial.
Las investigaciones apuntan a que estas maniobras forman parte de un entramado que incluye no solo el fraccionamiento ilegal de contratos sino también un controvertido manejo de fondos públicos, como el desvío de más de 200.000 euros destinados originalmente al instituto Luis Buñuel de Móstoles pero utilizados en obras en Alcorcón. Este caso pone en evidencia una compleja red de ocultismo y opacidad en la gestión de recursos públicos, sugiriendo que las decisiones involucraban a figuras de alta jerarquía dentro del gobierno autonómico, entre ellas, el actual presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y su ex número dos, Rocío Albert.
Este proceso se complica aún más por las figuras clave involucradas, como Alfonso Mateos, ex subdirector de FP, quien, a pesar de su cese, ha retomado sus funciones docentes, mientras sigue siendo parte central de la investigación de la Fiscalía. La gravedad de las acusaciones ha llevado a otros partidos, como Más Madrid, a unirse a la demanda inicial y a solicitar una comisión de investigación para aclarar estos hechos.
El escándalo sacude los cimientos del gobierno de la Comunidad de Madrid, evidenciando la necesidad de una revisión minuciosa de los procedimientos de contratación y gestión de fondos públicos, buscando así restablecer la integridad y la confianza en el sistema administrativo de la región.
