En el ámbito fiscal Andalucía se ubica en un momento crucial después de que, bajo la administración de Juanma Moreno por los últimos seis años, se hayan llevado a cabo seis importantes recortes fiscales. Estas acciones, enfocadas en aliviar lo que se ha descrito como un «infierno fiscal» heredado de anteriores gobiernos del PSOE, marcan un esfuerzo continuo por impulsar la economía regional. No obstante, ante el escenario de restricciones presupuestarias actuales, el gobierno de Moreno adopta ahora un enfoque más selectivo en su política fiscal, priorizando sectores clave como la vivienda, las familias y las empresas.
Esta tendencia hacia una estrategia fiscal más «quirúrgica» emerge en un contexto en el cual la financiación autonómica captura la atención nacional, especialmente con las negociaciones entre el PSC y ERC que podrían introducir el modelo de cupo catalán. Andalucía, por su parte, busca una compensación de 1.500 millones de euros anuales que afirma se le debe, mientras defiende las bajadas de impuestos ante las críticas.
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha subrayado que cualquier futura rebaja fiscal tendrá que ser cuidadosamente evaluada dentro de los límites presupuestarios disponibles. Esto refleja una preocupación por mantener la prudencia fiscal en un momento de incertidumbre, poniendo en balance las necesidades de estímulo económico con la salud financiera general de la región.
El gobierno de Moreno atribuye a las reducciones fiscales anteriores un papel estimulante en la economía local, señalando el crecimiento en el número de contribuyentes. La competición fiscal entre Andalucía y otras comunidades, como Madrid -donde su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, también ha promovido recortes fiscales-, es evidente. No obstante, la actual estrategia andaluza sugiere un enfoque que busca reforzar la economía de manera sostenible, sin poner en riesgo la estabilidad fiscal de la región.
Este equilibrio entre propiciar el crecimiento económico y asegurar la solvencia fiscal se presenta como un reto fundamental para el gobierno de Moreno en el futuro cercano. Este desafío cobra aún mayor importancia en el complicado panorama de la financiación autonómica en España, señalando un periodo de ajustes y deliberaciones significativas en el ámbito fiscal andaluz.
