En una reciente determinación del Tribunal de Cuentas, el partido político Vox ha sido sancionado con una cuantiosa multa de 233.324,22 euros por actividades de financiación irregular vinculadas a campañas de recaudación ejecutadas en el año 2019. Estas acciones fueron previamente advertidas por dicho tribunal como irregulares, enfocándose específicamente en dos iniciativas de recaudación promovidas por la formación política.
La primera de las campañas bajo escrutinio fue la denominada «Querella contra Quim Torra», por la que Vox consiguió un total de 31.664,80 euros en donaciones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha objetado 10.563,45 euros de esta suma, admitiendo las restantes aportaciones al considerarlas procedentes de afiliados al partido. Asimismo, la iniciativa «Ayúdanos con la fianza de Borja» supuso otro punto de conflicto. En este caso, Vox buscaba financiar la fianza de Borja, un joven condenado a dos años de cárcel y a pagar una indemnización por un acto no reconocido como legítima defensa. Aquí, el tribunal identificó 91.662,11 euros de la recaudación como irregulares de entre los contribuidos por un total de 5.770 donantes.
La sanción establecida se divide en dos partes: una multa base de 50.000 euros por infracciones consideradas muy graves, y una multa adicional de 183.324,22 euros, calculada como el doble del monto que se captó de manera irregular para el caso de la fianza de Borja. Este precedente marca la primera vez que el Tribunal de Cuentas exige tal compensación a Vox por violar la ley de financiación de los partidos políticos, la cual prohíbe aceptar cualquier tipo de donación anónima, finalista, o revocable.
Frente a estas sanciones, se plantean serias consecuencias para Vox, no solo a nivel financiero, sino también respecto a la percepción pública de su manera de operar. Estos eventos resaltan la importancia del cumplimiento de las leyes de financiación y transparencia que rigen a los partidos políticos en su gestión interna y en su relación con la sociedad.
A pesar de la imposición de estas sanciones, Vox ha defendido sus métodos de recaudación, alegando que son vitales para sus actividades legales y políticas. Esta postura sugiere una posible revisión de estrategias de financiación por parte del partido, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar futuras penalizaciones. Este escenario recalca la complejidad y las exigencias que enfrentan los partidos políticos en el marco legislativo actual, subrayando la necesidad de una gestión transparente y legalmente responsable.
