En un giro reciente que ha sacudido la política local de Huesca, la alcaldesa Lorena Orduna, perteneciente al Partido Popular (PP), ha visto cómo su propuesta para aumentar su salario en un 25%, elevando su retribución de 50.000 a 62.500 euros, ha caído antes de llegar a su discusión en el pleno municipal. La iniciativa, presentada con la intención de «dignificar» el puesto, no ha encontrado el apoyo esperado, encontrando resistencia tanto en la oposición como entre los propios aliados de Orduna, culminando en su retiro.
La proposición se encontró con un muro de oposición formado por diversas formaciones políticas incluido el PSOE, Vox, y hasta un concejal no adscrito, anteriormente parte de Vox. Este frente común en contra ha destacado la complejidad en las relaciones de poder dentro del ayuntamiento de esta ciudad de Aragón, evidenciando el malestar con el momento elegido para plantear el aumento, ya avanzado el mandato de Orduna, en contraposición a la normativa no escrita de realizar estos ajustes al comienzo de una gestión.
Este debate sobre el aumento salarial no solo pone de manifiesto las tensiones locales, sino que también reabre la discusión sobre cómo se remunera a los políticos en España. La remuneración propuesta para la alcaldesa, y por extensión la actual, cuando se compara con el salario medio nacional, que es alrededor de 26.000 euros, podría percibirse como excesiva. Sin embargo, especialistas como Verónica Crespo, señalan a los políticos españoles como relativamente «mal pagados» si se los compara con posiciones ejecutivas en el sector privado, añadiendo una compleja capa al debate sobre la compensación adecuada para quienes ocupan cargos públicos.
La controversia no se limitó al salario de la alcaldesa sino que también aludía a la posibilidad de aumentar el número de concejales con dedicación exclusiva, propuesta que igualmente ha sido desestimada. Este episodio trasciende lo local para hacer eco en toda España, incitando a una reflexión crítica sobre cómo se valora y retribuye el servicio público en el país, contrastando percepciones públicas con realidades económicas del sector privado y poniendo en evidencia la distancia entre ambas realidades.
