El sindicato Manos Limpias ha dirigido una solicitud a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el fin de esclarecer la propiedad y el paradero de un teléfono utilizado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La organización, que actúa como acusación popular, requiere aclaraciones sobre si el dispositivo en cuestión pertenece a la Administración, lo que implicaría su preservación y disponibilidad para inspección.
La solicitud surge en medio de un contexto delicado, dado que García Ortiz cambió su celular el 23 de octubre, justo una semana después de que el Tribunal Supremo le imputara por presuntas revelaciones de información a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este cambio de teléfono coincidió con la orden de registro de su despacho y la incautación de sus dispositivos electrónicos, la cual se llevó a cabo el 30 de octubre.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha informado que el fiscal general utilizaba un terminal con tecnología «Dual SIM», uno de cuyos números era propiedad de un organismo del Ministerio de Hacienda. La UCO verificó que se produjo un cambio de terminal el día 23 de octubre, lo que plantea interrogantes sobre el destino del teléfono anterior.
En función de esta situación, Manos Limpias ha solicitado la colaboración de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Gobierno y del Ministerio de Hacienda para confirmar la propiedad del dispositivo. Si se determina que se trata de un activo público, se exige su entrega al Tribunal Supremo para análisis por parte de la Guardia Civil, así como información sobre cualquier procedimiento de formateo o borrado de datos que se haya realizado.
Esta iniciativa pone de relieve la importancia de la transparencia y el control riguroso en la gestión de dispositivos electrónicos que pertenecen a la Administración, especialmente en el contexto de investigaciones que involucran a figuras públicas de relevancia. La respuesta del Gobierno a esta solicitud podría esclarecer dudas en torno al manejo de información sensible y a la integridad de procesos judiciales que afectan a personajes prominentes del panorama político español.
