En un reciente anuncio, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha marcado una posición clara respecto a la problemática de la acogida de menores migrantes en Canarias, subrayando su compromiso con la solidaridad entre las comunidades autónomas, independientemente del gobierno de turno. Esta declaración representa un gesto de desafío frente a las voces críticas de Vox, que ha amenazado con retirar su apoyo a los gobiernos autonómicos en coalición si no se adoptan políticas más restrictivas en materia de inmigración.
Feijóo ha destacado la necesidad de cooperación interterritorial para gestionar la situación de los menores migrantes, reafirmando que las comunidades gobernadas por el PP continuarán apoyando este esfuerzo colaborativo. Además, ha evidenciado las dificultades que enfrentan algunas comunidades debido a la capacidad limitada de sus centros de acogida, haciendo un llamamiento al Gobierno central para que proponga soluciones realistas que alivien la presión sobre Canarias, criticando lo que se percibe como una gestión improvisada y una financiación inadecuada por parte del Estado.
El tema ha generado controversia dentro del PP, especialmente en relación con la propuesta de modificación de la ley de extranjería, discutida con Ángel Víctor Torres, Ministro de Política Territorial. Esta medida, que busca facilitar la distribución de menores entre las comunidades, ha suscitado opiniones encontradas dentro del partido, con algunos criticando la elección de Torres como el principal interlocutor en este asunto.
Por otro lado, Vox, a través de su líder Santiago Abascal, ha intensificado su postura con relación a la lucha contra la inmigración ilegal, amenazando con romper los pactos de coalición si no se adoptan medidas más severas. No obstante, el PP parece minimizar estas advertencias, sugiriendo que se trata de una táctica ya conocida por parte de Vox.
A pesar de estas tensiones, se ha logrado un acuerdo entre el Gobierno y el Ejecutivo canario, con la participación del PP, para reformar la ley de extranjería e incluir un mecanismo que permita un reparto más justo de los menores entre las comunidades, en un esfuerzo por aliviar la carga sobre los territorios más afectados. Este acuerdo representa un paso importante hacia una gestión más efectiva y solidaria de la crisis humanitaria de los menores migrantes, demostrando la capacidad de diferentes actores políticos para trabajar conjuntamente en busca de soluciones.
