El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando de manera coordinada con las autoridades laborales y la Consejería de Agricultura para asegurar que todos los procedimientos estén en marcha cuando entre en vigor la condicionalidad social de la nueva Política Agraria Común (PAC) el 1 de enero de 2024. Esta condicionalidad será fundamental para que los beneficiarios puedan acceder a las ayudas económicas de la PAC.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de apoyar a los agricultores y trabajadores del campo para mejorar sus condiciones laborales. Destaca la importancia de llevar a cabo las acciones de manera adecuada y garantizar un trabajo digno en el sector.
Estas declaraciones se realizaron durante la inauguración de la jornada de análisis «La PAC 2023-2027. Plan Estratégico de España. La condicionalidad social de la nueva Política Agraria Común», organizada por el sindicato Comisiones Obreras en Valdepeñas. En el evento se discutieron las novedades introducidas por la Unión Europea en la PAC para el período 2023-2027.
El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto implementar el Bono de Emprendimiento Rural para fomentar actividades relacionadas con la agricultura en los pueblos. Esta medida busca impulsar el desarrollo rural, mantener los municipios y generar empleo.
La reforma de la PAC establece por primera vez la condicionalidad social, basada en el cumplimiento de obligaciones laborales y condiciones de trabajo por parte de los beneficiarios de las ayudas. En Castilla-La Mancha, hay alrededor de 97,000 explotaciones receptoras de la PAC, que emplean a aproximadamente 60,000 personas.
En la jornada también estuvieron presentes representantes de Comisiones Obreras y autoridades locales.
