El Gobierno de Castilla-La Mancha destina más de 41 millones de euros en ayudas para el desarrollo de las zonas rurales de Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 41 millones de euros en ayudas para el desarrollo de las zonas rurales y lucha contra la despoblación a través de las convocatorias de expresiones de Interés y las ayudas para los municipios de la provincia de Ciudad Real integrados en la Iniciativa de Interés Territorial, ITI.

Así se ha dado a conocer durante la reunión telemática del Subcomité Territorial de Participación de la Iniciativa de Interés Territorial (ITI) de la provincia de Ciudad Real, presidida por la delegada de la Junta, Carmen Olmedo quien ha destacado el “elevado grado de ejecución”, que se sitúa, en ambos casos, por encima del 92 por ciento.

22 millones para 169 actuaciones

Olmedo ha conocido que, hasta mayo de 2021, se ha asignado más de 22,6 millones a las nueve convocatorias de Expresiones de Interés, a la que se podían acoger todos los municipios de la provincia de Ciudad Real, y que ha permitido ejecutar un total de 169 actuaciones de las que, a día de hoy, ya están finalizadas 156 lo que supone una ejecución del 92´3%.

De ellas, loa 26 municipios que componen el Campo de Montiel y Almadén, y que conforman las zonas ITI de la provincia de Ciudad Real, han recibido una inversión de casi 3 millones de euros para un total de 49 actuaciones relacionadas con promoción turística, eficacia energética, alumbrado público, infraestructuras educativas, puntos de inclusión digital, reciclaje urbano y carreteras, ha explicado Olmedo.

18,5 millones en ayudas con criterio ITI

Por otro lado, la inversión destinada directamente a municipios que conforman las zonas ITI de la provincia de Ciudad Real, han supuesto inversión de 18,5 millones de euros a través de los fondos FEDER, que han beneficiado a 836 solicitantes con un grado de ejecución del 93,5 por ciento de los proyectos presentados.

Durante la reunión del Subcomité en la que han participado, la delegada de la Junta, ha subrayado que “el Gobierno de Emiliano García-Page viene trabajando para frenar la despoblación desde la pasada legislatura mediante la recuperación de servicios que habían sido mermados en el medio rural, como la reapertura de colegios cerrados, centros sanitarios y servicios de urgencias, así como con otras acciones como la puesta en marcha de la estrategia de Inversión Territorial Integrada (ITI) con el objetivo revitalizar los municipios afectados por despoblación para generar economía y asentar población”.

Asimismo, la representante del Ejecutivo regional ha asegurado que en Castilla-La Mancha “estamos marcando el paso en la lucha contra la despoblación en nuestro país, contando con una Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, una norma pionera, transversal y participada con la que nos hemos adelantado en legislar en beneficio del medio rural”.

En este sentido, Olmedo ha indicado que esta norma cuenta con una batería de medidas que “van a tener impacto real desde el punto de vista de los servicios públicos, los aspectos tributarios que van a compensar a las personas que viven en el medio rural, y en el incentivo a la actividad económica en el medio rural”.

La delegada de la Junta en Toledo destacaba que esta norma incluye, por primera vez en nuestro país, la política fiscal para frenar la despoblación. Así, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas, se plantea una desgravación de hasta el 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas rurales; así como la desgravación de hasta el 15 por ciento para la adquisición o rehabilitación de una vivienda para los que vivan o quieran vivir en el medio rural.

Otra de las novedades que contempla esta Ley es una desgravación de 500 euros en la cuota íntegra del tramo autonómico del IRPF por el traslado de vivienda habitual por motivos labores a las zonas escasamente pobladas. Esa desgravación opera el año del traslado y al año siguiente por lo que, en global, asciende a los 1.000 euros.

Además, el texto incorpora incentivos de hasta un 40 por ciento para las empresas que quieran instalarse en las zonas afectadas por la despoblación y se establece también el blindaje de los servicios públicos como la sanidad, educación, servicios sociales y transporte la apuesta por el transporte sensible a la demanda.

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