Recientemente, las fuerzas de seguridad españolas, en especial en ciudades como Málaga y Barcelona, han reportado una situación inusual relacionada con la detección de una serie de pasaportes expedidos por Gambia. La particularidad de estos documentos es que han sido presentados por inmigrantes africanos que se identifican como menores de edad, pero carecen de chip y no tienen datos biométricos de sus portadores, lo cual ha generado sospechas sobre su autenticidad.
Los individuos con estos pasaportes han recurrido a las Oficinas de Denuncia y Atención al Ciudadano (ODAC) de diversas comisarías presentando lo que describen como un «pasaporte original». A pesar de que estos documentos han pasado las pruebas de legalidad bajo el análisis de especialistas de la Policía Científica, se ha identificado que contienen datos potencialmente incorrectos. Dicha situación ha propulsado a las autoridades policiales a buscar guía de la Fiscalía sobre cómo abordar estos casos.
Una práctica alarmante ha salido a la luz: en Gambia, es común la expedición de pasaportes sin la necesidad de presentar documentación que pruebe la identidad de la persona, como la partida de nacimiento. Esto ha abierto la posibilidad de que adultos estén utilizando estos pasaportes para hacerse pasar por menores no acompañados y, de esta manera, beneficiarse de las protecciones específicas otorgadas a este grupo vulnerable.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras está contemplando no reconocer como válidos estos pasaportes a menos que sus portadores puedan comprobar su minoría de edad mediante tres pruebas médicas distintas. Sin embargo, la aplicación de esta medida es compleja dado el considerable número de casos.
La preocupación de las autoridades no se limita solo a la identificación correcta de estas personas. Existe también un temor latente sobre la posibilidad de que detrás de la expedición de estos documentos se encuentren operando redes de explotación dedicadas a la inmigración ilegal.
Como medida provisional, se están realizando entrevistas con los portadores de estos pasaportes por agentes de la UCRIF para evaluar la legitimidad de cada situación. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, se espera que la Fiscalía emita instrucciones claras sobre cómo proceder frente a este dilema.
Este incidente resalta los desafíos que España enfrenta en la gestión de la inmigración y subraya la necesidad de implementar estrategias efectivas para la identificación de individuos sin vulnerar sus derechos, poniendo especial atención en aquellos que son realmente menores y se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
