El Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox una multa significativa de más de 862.000 euros debido a serias irregularidades en su financiación. Esta sanción, considerada de carácter «muy grave», se deriva de la recepción de donaciones que no cumplían con los requisitos legales durante los años 2018, 2019 y 2020.

La resolución fue ratificada en el último pleno del organismo, aunque dos consejeros expresaron su desacuerdo mediante un voto particular. En respuesta a esta decisión, Vox ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo, argumentando que la medida es «injusta» y afirmando que espera que sea revocada. Cabe mencionar que este no es el primer enfrentamiento del partido con el Tribunal; anteriormente había impugnado otra sanción relacionada con la financiación de acciones judiciales.

El fallo se basa en la violación de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe recibir donaciones anónimas en efectivo. Los informes del Tribunal identificaron que Vox recibió más de 330.000 euros a través de cajeros automáticos, clasificados como «actividades promocionales». Sin embargo, no se logró confirmar si esos fondos estaban relacionados con ventas de merchandising o si se trataba de donaciones ilegales.

Esta nueva sanción se suma a otra impuesta a Vox en 2024, cuando el Tribunal de Cuentas le multó con más de 233.000 euros por irregularidades en su financiación en el año 2019, también objeto de apelación.

Este caso se presenta en un contexto de creciente escrutinio sobre la financiación de partidos políticos en España, alimentando un debate sobre la transparencia en este ámbito y la necesidad de establecer mecanismos de control más rigurosos.