En medio de un clima de creciente tensión social, la Generalitat ha decidido mantenerse firme ante la propuesta de los comunes de llevar a cabo una huelga de alquileres, desautorizando de manera contundente esta iniciativa. Esta postura se halla en un contexto donde se prevén cambios significativos en la estructura de precios del transporte público, que entrarán en vigor en 2025, lo que ha comenzado a preocupar a los usuarios habituales ante la posibilidad de un aumento en sus costos de movilización.
A su vez, el sector del transporte en España se enfrenta a una de sus convocatorias más complejas en años. Los días 28 y 29 de noviembre están marcados por una huelga programada por la Confederación General del Trabajo (CGT), apoyada por CCOO. El objetivo principal es mejorar las condiciones laborales de los profesionales del transporte y expresar el descontento frente a las políticas gubernamentales relacionadas con la jubilación anticipada.
Inicialmente, UGT se mostró a favor de la huelga, pero poco después decidió retirar su apoyo tras alcanzar ciertos acuerdos con organizaciones patronales como Confebus y ATUC. Esta decisión puede interpretarse como un intento por encontrar soluciones concertadas que beneficien al sector, aunque deja entrever divisiones dentro de los sindicatos.
En este contexto, se han anunciado esfuerzos orientados a garantizar la viabilidad económica del transporte de viajeros por carretera. Un nuevo reglamento, programado para entrar en vigor en 2025, contemplará la implementación de coeficientes reductores para el cálculo de la jubilación anticipada, lo que ha suscitado tanto esperanza como preocupación entre los trabajadores del sector.
A pesar de los intentos de diálogo y los avances regulatorios, otros sindicatos han decidido seguir adelante con la huelga, demandando condiciones más justas, que incluyan la posibilidad de una jubilación anticipada sin reducciones económicas y un control más efectivo de las condiciones laborales por parte de la Inspección de Trabajo. Se anticipa que esta movilización tenga una duración de 24 horas, aunque no se descarta que se extienda hasta la época navideña si no se alcanzan acuerdos adecuados.
La inminente huelga plantea serias preocupaciones, ya que no solo afectará los servicios de transporte urbano e interurbano, sino que también podría impactar gravemente la logística durante un período del año que es crítico para muchos. Este escenario refleja la creciente e inestable situación social, que podría desbordar el ya frágil equilibrio de paciencia y conformidad que sostiene a la ciudadanía.
