En un movimiento sin precedentes, el Tribunal Supremo ha decidido aplazar la redacción y publicación de una sentencia clave, reviviendo una tradición que data de 1994. Esta decisión se centra en la condena impuesta en 2021 por la Audiencia Nacional a Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular (PP), y procura no interferir en los periodos electorales activos, reflejando el compromiso del tribunal con la imparcialidad política.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, siguiendo una norma no escrita, ha optado por retrasar los procedimientos legales contra Bárcenas, quien fue condenado a dos años de cárcel por utilizar fondos no declarados para financiar la remodelación de la sede del PP. Esta práctica judicial, mantenida a lo largo de los años, busca evitar que los veredictos judiciales influencien el resultado de las elecciones, en este caso, las autonómicas en el País Vasco y Cataluña, así como las futuras elecciones europeas del 9 de junio.
El aplazamiento se anunció después de que el Tribunal Supremo informara a las partes involucradas que la deliberación sobre los recursos presentados se llevaría a cabo en abril. Este retraso parece tener como objetivo mitigar cualquier repercusión negativa que pudiera afectar al PP en el escenario electoral, debido a las implicaciones de corrupción política derivadas de la condena.
La sentencia original de la Audiencia Nacional no solo culminó en una pena de cárcel para Bárcenas sino que también destacó un esquema de financiación ilegal dentro del PP. El partido, ahora bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, había renunciado previamente al recurso ante el Supremo que se presentó durante la gestión de Pablo Casado, en un intento aparente de distanciarse de las controversias pasadas.
La decisión del Supremo subraya la delicada línea que el poder judicial debe caminar entre ejercer su autoridad legal y salvaguardar la imparcialidad electoral. Aunque esta medida ha evitado por ahora una posible influencia electoral, también ha renovado el debate sobre cómo el sistema judicial maneja los casos de corrupción política, destacando la importancia de resolver estos asuntos de manera efectiva para reforzar la confianza pública en las instituciones judiciales y políticas del país.
