Investigaciones recientes han sacado a luz una serie de maniobras que podrían describirse como una «guerra sucia» bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Durante los años 2015 y 2016, se descubrió que la Policía Nacional llevó a cabo una vigilancia extensiva hacia los miembros de Podemos, un partido entonces emergente que se mostraba como un serio contendiente político. Se realizó un número alarmante de 6.903 búsquedas en las bases de datos del Ministerio del Interior enfocadas puramente en los parlamentarios de Podemos, según revelan archivos de la Audiencia Nacional.
El desencadenante de estas investigaciones fue una solicitud de Francisco Martínez, quien ocupaba el segundo puesto más importante en el Ministerio del Interior, al jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño. Martínez instó a García Castaño a iniciar una búsqueda de información que pudiera perjudicar la imagen de los recién elegidos representantes de Podemos en el Congreso. Esta solicitud marcó el inicio de lo que parece haber sido una exhaustiva recopilación de datos privados y posiblemente irrelevantes para fines de seguridad nacional.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional informó que 2.726 usuarios habían realizado dichas búsquedas en las bases de datos, si bien quedan dudas sobre si estos «usuarios» eran individuales o si varios policías podían actuar bajo un mismo usuario. Las plataformas más utilizadas para estas indagaciones fueron Sidenpol, Argos y Objetos, dejando un registro de cada búsqueda efectuada.
Una de las revelaciones más inquietantes fue la cantidad de veces que ciertos diputados fueron objeto de estas investigaciones, con Segundo González García encabezando la lista con más de 900 búsquedas en su contra. Aunque se han demandado explicaciones y la entrega de los datos extraídos durante estas búsqueda, la policía ha mantenido un silencio preocupante, lo cual impide esclarecer completamente las intenciones y los métodos utilizados en este proceso de vigilancia.
Ante este panorama, Pablo Iglesias, una figura central de Podemos, ha exigido respuestas y consecuencias legales para los implicados en este espionaje, señalando la violación de derechos fundamentales que suponen estas acciones. El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, mencionado por Iglesias, destaca la protección de la vida privada frente a injerencias arbitrarias por parte del Estado, un principio que claramente ha sido puesto en entredicho por las operaciones descritas.
Este escándalo no solo ha generado un debate legal y ético, sino que también ha intensificado las preocupaciones sobre hasta qué punto el poder gubernamental puede ser utilizado para socavar a la oposición política en un país que se precia de sus valores democráticos y de derecho. La magnitud y la naturaleza sistemática de las búsquedas realizadas sugieren un esfuerzo coordinado no solo para recabar información, sino para desacreditar y posiblemente intimidar a miembros de Podemos, planteando serias preguntas sobre la influencia política en las fuerzas de seguridad y la justicia.
