La controversia en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado un giro inesperado tras la investigación del Tribunal Supremo. La periodista Silvia Intxaurrondo ha puesto de relieve una incongruencia temporal que ha hecho tambalear la credibilidad de la acusación que pesa sobre él. Según la investigación, García Ortiz habría tenido acceso a correos electrónicos críticos «a partir de las 22 horas» del 13 de marzo. Sin embargo, un diario nacional publicó información sobre esos correos casi media hora antes, lo que ha suscitado serias dudas sobre cómo se filtró esa información.
Este escándalo involucra no solo a García Ortiz, quien enfrenta acusaciones de revelar secretos, sino también a Pilar Rodríguez Fernández, la fiscal jefa de Madrid. Se cree que ambos están relacionados con la filtración de datos confidenciales en el contexto de una investigación dirigida hacia Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La posibilidad de que dicha filtración tuviera su origen en el círculo de Ayuso ha añadido más leña al fuego en un caso que ya de por sí ha capturado la atención mediática y pública.
A pesar de la presión creciente, García Ortiz ha decidido no dimitir y ha defendido su permanencia en el cargo como necesaria para la estabilidad de la Fiscalía. Argumenta que su salida en este momento podría resultar perjudicial para la institución y reafirma que, hasta el momento, ha actuado en cumplimiento de la ley. La decisión ha generado voces disidentes, pero no ha logrado silenciar el debate público que rodea la investigación. La situación sigue desarrollándose, y el foco sigue centrado en las implicaciones políticas y judiciales que puedan surgir.
