El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha expresado su descontento con el Gobierno al solicitar que adopte medidas más ambiciosas con respecto a la jubilación de las enfermeras. Según la organización, el Ejecutivo se ha limitado a considerar una jubilación parcial, dilatando la regulación necesaria para establecer una jubilación anticipada que contemple coeficientes correctores. Este tipo de mecanismos ya son administrativos en otras profesiones, y su implementación en el ámbito sanitario se vuelve cada vez más urgente.
Recientemente, el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un intento por facilitar la jubilación parcial para los profesionales de la administración pública a través de una enmienda al Estatuto Básico del Empleado Público. Esta enmienda forma parte del Proyecto de Ley de Función Pública que actualmente está en debate en el Congreso. Además, se ha propuesto aumentar de 70 a 72 años la edad de jubilación forzosa, algo que ha generado aún más inquietud entre las enfermeras, cuya situación laboral es considerada especialmente dura.
SATSE ha criticado al Gobierno por su «enroque» en la prolongación de la vida laboral de los trabajadores activos, ignorando las inquietudes de múltiples sectores, entre ellos el de las enfermeras, quienes en gran medida abogan por una jubilación anticipada debido a la naturaleza penosa de sus labores. Se ha solicitado formalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el establecimiento de un coeficiente reductor de edad para las enfermeras, según la Ley General de la Seguridad Social, que contempla excepciones para profesiones con condiciones laborales severas. Sin embargo, este ministerio ha desestimado dicha solicitud.
Además, el sindicato ha denunciado que ha pasado un tiempo considerable sin que los responsables analicen las alegaciones realizadas durante el trámite público abierto para definir a qué colectivos se les podría permitir la jubilación anticipada voluntaria. SATSE advierte que el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, no está implementando medidas que aborden la penosidad inherente a la profesión de enfermería. La única alternativa que están ofreciendo parece ser un alargamiento en la vida laboral sin considerar el «mayor riesgo» que esto implica para los trabajadores.
Los constantes peligros a los que se enfrentan las enfermeras, que incluyen riesgos biológicos, químicos y psicosociales derivados de la atención a pacientes en condiciones complejas, han llevado a SATSE a recalcar que estas dificultades están bien documentadas. Desde el sindicato enfatizan la falta de empatía del Gobierno, sugiriendo que si realmente consideraran la situación de quienes cuidan a los demás, trabajarían para facilitar un retiro más anticipado para esta profesión.
La postura del Ejecutivo resulta incomprensible para SATSE, especialmente considerando que la implementación de los coeficientes reductores no generaría una carga adicional para la Seguridad Social. La cotización incrementada durante la vida laboral de cada profesional garantizaría, según el sindicato, que las arcas de la Seguridad Social no sufrieran ningún impacto negativo. En suma, SATSE ha exigido un cambio que reconozca la valía y las dificultades de la labor enfermera, priorizando su bienestar y seguridad laboral por encima de extensiones innecesarias de su vida profesional.
