La tensión entre Ryanair y el Gobierno español ha escalado considerablemente en las últimas semanas. En una reciente rueda de prensa en Madrid, Michael O’Leary, CEO de la aerolínea irlandesa, no dudó en lanzar severas críticas hacia el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. En un intento por descalificar al funcionario, O’Leary apareció con imágenes del ministro disfrazado de payaso, al mismo tiempo que lo tildaba de «loco comunista».
Este cruce de acusaciones se produce tras la durísima multa de 179 millones de euros que el Ministerio de Consumo impuso en noviembre a varias aerolíneas, entre ellas Ryanair, por cobrar a los pasajeros por llevar equipaje de mano. El Gobierno considera esta práctica como abusiva y ha decidido actuar en consecuencia.
En respuesta a las provocaciones de O’Leary, Bustinduy se pronunció desde el Senado, afirmando que no se dejaría amedrentar por las excentricidades de un millonario extranjero. Subrayó que el verdadero peligro no son los ataques personales, sino las prácticas abusivas que afectan a los consumidores españoles. Además, reafirmó el compromiso del Gobierno de mantener una postura firme ante las aerolíneas que no respeten la normativa.
A pesar de la sanción, Ryanair ha manifestado su intención de no cambiar su política en relación al equipaje. La aerolínea confía en que los tribunales convaliden su postura, y ha puesto de relieve que Volotea ya ha presentado un recurso contra la multa. Según la compañía, la normativa europea respaldaría sus prácticas comerciales.
El conflicto entre Ryanair y el Gobierno español parece estar lejos de resolverse. A medida que el caso avanza hacia los tribunales, ambas partes están decididas a batallar por sus respectivas posiciones. La aerolínea defenderá su modelo de negocio, mientras que el Ministerio de Consumo se mantiene firme en su intento de hacer cumplir la sanción. Sin duda, este enfrentamiento marcará un capítulo importante en las tensiones entre los servicios de bajo coste y las regulaciones gubernamentales en el sector aéreo.
