En un giro político sorpresivo que ha conmocionado los cimientos del Partido Popular (PP), esta formación se ve ahora obligada a enfrentar las repercusiones de un error legislativo que podría resultar en beneficios para 41 miembros de ETA, al haber apoyado una reforma legal que contempla la reducción de penas de prisión para estos individuos. La dirección de Génova, sede del partido, se halla en un estado de alerta máxima, trabajando incansablemente para evitar que este desliz afecte gravemente su reputación y confianza entre sus simpatizantes y el electorado en general.
Este incidente ha puesto de manifiesto una falta de atención por parte de los populares durante el proceso de aprobación en la Comisión de Justicia del Congreso de una modificación a la ley orgánica 7/2014, que a primera vista parecía enfocarse únicamente en la transposición de una directiva europea relacionada con el intercambio de información penal. Sin embargo, esta reforma lleva consigo implicaciones significativas que favorecen la reducción de penas para figuras prominentes de ETA, incluyendo a Francisco Javier García Gaztelu, más conocido por su alias «Txapote».
El consenso alcanzado el 18 de septiembre en el Congreso, sin objeciones notables de partidos como el PP, Vox o UPN, ha originado un estado de incredulidad y descontento dentro del partido conservador, temeroso de las consecuencias políticas derivadas de lo que perciben como una victoria para Bildu y sus históricas demandas de lenidad hacia los prisioneros de ETA.
Ante la magnitud del error cometido, la dirección del PP ha optado por no señalar culpables, enfocándose en su lugar en buscar estrategias que permitan corregir o al menos mitigar los efectos de esta reforma. Una de las medidas de emergencia adoptadas por el partido ha sido aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para posponer la votación de esta ley, una maniobra que evidencia la diligencia y seriedad con la que el partido está enfrentando este asunto.
No obstante, el tiempo para encontrar una solución es limitado, debido al procedimiento de urgencia bajo el cual la ley está siendo tratada, con un plazo que finaliza el próximo 14 de octubre. El PP considera incluso la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional como último recurso para detener o revertir dicha reforma.
Este complejo escenario ha desencadenado una ola de reacciones adversas, no solo dentro del partido sino también entre el público y organismos como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), quienes han criticado tanto la concesión del Gobierno a Bildu como el error cometido por el PP. Este suceso representa un punto de inflexión para el PP, desafiando el liderazgo de Feijóo y planteando interrogantes sobre la capacidad del partido para manejar situaciones de crisis y mantener la confianza de sus electores. Este episodio, sin lugar a dudas, marca un momento crucial en la trayectoria política del partido y podría tener repercusiones significativas en su futuro cercano.
