El reciente cambio en la legislación sobre matrimonio civil en España ha suscitado una gran incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos y los municipios. Con la entrada en vigor de la nueva ley de eficiencia de la Justicia, conocida como ‘ley Bolaños’, las parejas que deseen formalizar su unión legalmente deberán adaptarse a un proceso completamente reformulado. A partir de este jueves, la responsabilidad de celebrar matrimonios civiles pasa de los Juzgados de Paz a los alcaldes, concejales o notarios, lo que implica un giro significativo en la manera en que se llevan a cabo las ceremonias.
Esta modificación no solo altera el procedimiento legal, sino que también introduce costes inesperados para las parejas. Antes, muchos recurrían a los Juzgados de Paz, especialmente en localidades pequeñas donde la opción de acudir a un juzgado ordinario no era viable. Con más de 7.500 jueces de paz quedando fuera de esta función, los afectados ven una limitación en el acceso a un servicio que era típicamente gratuito o de bajo coste.
Los representantes de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), así como otros ayuntamientos del país, han manifestado su inquietud respecto a esta decisión y han solicitado al Gobierno que reevalúe la normativa. De hecho, Félix Bolaños, el promotor de la ley, ha expresado su voluntad de rectificar esta medida antes de su implementación completa, aunque no se han propuesto plazos claros ni soluciones concretas hasta ahora.
Desde la perspectiva del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la ley busca una reorganización del servicio público de Justicia. Sin embargo, las nuevas tarifas ya están generando reacciones en distintas localidades. Por ejemplo, en Rivas Vaciamadrid comienzan a ajustar sus tarifas, y se han dado discrepancias en cuanto a la gratuidad de las ceremonias dependiendo del día de la semana en los que se realicen. En la capital, Madrid, han establecido precios específicos para los enlaces que ocurran los sábados.
El Ministerio de Justicia ha atribuido al Partido Popular la responsabilidad de frenar posibles enmiendas que permitirían que los jueces de paz continuaran oficiando matrimonios. En este contexto, tanto el Gobierno como los ciudadanos están a la espera de una solución que evite los inconvenientes económicos y organizativos que la nueva ley ha introducido en un aspecto tan personal y significativo como lo es el matrimonio. La situación destaca la necesidad de que los servicios de justicia civil sean accesibles y funcionales, en un momento en que muchas parejas sueñan con dar el paso hacia su unión formal.
