La expansión de universidades privadas en Andalucía ha suscitado una oleada de preocupaciones entre los académicos y autoridades de las instituciones públicas de educación superior en la región, marcando un punto de inflexión en la configuración de la enseñanza superior en la comunidad autónoma más poblada de España. Desde la llegada al poder de Juanma Moreno y su gobierno del Partido Popular, Andalucía ha visto incrementar significativamente el número de centros universitarios privados, pasando de tener solo una universidad privada a planear la incorporación de su sexto centro, destacándose entre los nuevos integrantes la Universidad Pontificia de Comillas.
Esta notable proliferación de universidades privadas ha encendido las alarmas de los rectores de universidades públicas, quienes perciben esta tendencia como una amenaza para la naturaleza y tradición del sistema de educación superior público de Andalucía. El argumento es firme, insinuando que la expansión de la oferta educativa privada podría comprometer seriamente los principios de accesibilidad y igualdad que históricamente han caracterizado la educación superior en la región.
Por otro lado, el ejecutivo autonómico justifica su estrategia destacando que el objetivo primordial es retener en Andalucía a aquellos estudiantes que, en busca de otros horizontes académicos, deciden estudiar fuera de la comunidad. Además, desde la Junta se sostiene que la incorporación de estas nuevas entidades educativas privadas está plenamente garantizada por su rigor legal y académico, declarando que las medidas tomadas buscan equilibrar el sistema educativo de la región.
Sin embargo, esta postura encuentra resistencia no solo entre los rectores de las instituciones públicas, quienes han manifestado su desacuerdo votando en contra de la concesión de nuevos permisos para universidades privadas en el Consejo Andaluz de Universidades, sino también en la oposición política, especialmente desde sectores de izquierda, que critican la falta de justificación para una expansión tan significativa del sector privado en la educación superior.
La tensión alcanzó nuevos niveles con la reciente autorización de la asociación entre la Universidad Pontificia de Comillas y un centro de enfermería en Sevilla, afiliación que ha sido interpretada por muchos como un paso más hacia la privatización del sistema universitario, proceso que, a juicio de los críticos, avanza sin los controles parlamentarios adecuados.
Ante este escenario polarizado, la Junta de Andalucía mantiene firme su postura, enfatizando que todas las acciones implementadas respecto a la apertura de nuevas universidades privadas se fundamentan en evaluaciones y acreditaciones otorgadas por la Agencia de la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía.
Este debate entre la expansión de la educación privada y la preservación del carácter público de la enseñanza superior en Andalucía no solo evoca un profundo análisis sobre el modelo educativo deseado para el futuro sino que también refleja las discrepancias más amplias sobre la dirección y gestion de la educación superior en la región, marcando una división significativa entre los actores involucrados en este importante debate social y político.
