En un movimiento que ha suscitado debate y división dentro de la judicatura española, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha puesto nuevamente sobre la mesa el nombre de Dolores Delgado para ocupar el cargo de fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Este paso vuelve a generar controversia, siguiendo la estela del conflicto anterior que involucra al Tribunal Supremo y a un sector del Consejo Fiscal.
La polémica no es nueva. Anteriormente, el nombramiento de Delgado había sido invalidado por el Tribunal Supremo, el cual consideró que no se habían evaluado adecuadamente las potenciales incompatibilidades de la candidata, relacionadas directamente con su vínculo personal con el exjuez Baltasar Garzón, destacado por su trabajo en los mismos ámbitos de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
La insistencia de García Ortiz en situar a Delgado en este puesto ha retomado la disputa, especialmente después de que siete de los doce vocales del Consejo Fiscal se negaran a participar en la votación. Argumentan que se les ha negado el derecho a debatir plenamente sobre la idoneidad de Delgado, principalmente por las dudas que suscita su relación con Garzón.
Sin embargo, la propuesta ha obtenido luz verde con cinco votos a favor dentro del Consejo Fiscal, circunstancia que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, sería suficiente para avanzar con el nombramiento a pesar de las notables objeciones. Este paso marca un precedente interesante en cuanto a cómo se manejan las objeciones internas y las votaciones dentro del órgano.
El estadío actual abre la posibilidad de futuros litigios, dado que se contempla la eventualidad de que las asociaciones de fiscales puedan recurrir nuevamente ante el Tribunal Supremo. Aunque aún no se ha confirmado ninguna acción legal por parte de dichas asociaciones, el panorama sugiere que la decisión definitiva sobre este nombramiento podría acabar, una vez más, en manos de la justicia.
Además, en un giro reciente, Álvaro García Ortiz ha decidido no admitir las recusaciones propuestas por Delgado contra tres de los doce vocales, dejando claro que considera infundadas las alegaciones de enemistad y conflicto de interés presentadas en contra de estos miembros del Consejo.
Este escenario reafirma la complejidad y los retos a los que se enfrenta el sistema judicial español en materia de nombramientos. La situación no solo pone en relieve la necesidad de un proceso de selección transparente y justo, sino que también refleja las tensiones y desafíos internos que pueden surgir en la búsqueda de consolidar instituciones judiciales fiables y respetadas por la ciudadanía. La resolución de esta controversia servirá, sin duda, como un punto de referencia importante para futuras decisiones y nombramientos dentro del ámbito judicial del país.
