La nueva Ley 2/2025, que entró en vigor el 1 de mayo de 2025, ha revolucionado la legislación laboral española al introducir cambios significativos en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social. Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la eliminación de la extinción automática del contrato de trabajo en casos de incapacidad permanente, subrayando así la importancia de la inclusión laboral.
Con la normativa anterior, los trabajadores declarados con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez veían sus contratos extinguidos automáticamente. Ahora, las empresas deben considerar opciones antes de tomar medidas drásticas. Tienen la obligación de explorar la posibilidad de ajustar el puesto de trabajo o de reubicar al empleado en una función adecuada a su nueva condición.
El proceso que deben seguir las empresas empieza cuando el trabajador, declarado con incapacidad permanente, comunica dentro de los primeros 10 días su deseo de continuar en la empresa. Posteriormente, la empresa tiene hasta tres meses para evaluar y decidir si puede realizar ajustes razonables o reubicar al trabajador. Solo si estas acciones resultan en una carga excesiva se podrá extinguir el contrato, pero siempre con justificación clara.
Estos «ajustes razonables» son modificaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan desempeñar sus funciones en condiciones equitativas. La ley establece criterios específicos para definir cuándo una carga es excesiva, prestando especial atención a las pequeñas empresas con menos de 25 empleados. En tales casos, se considera excesiva si el coste de la adaptación supera la indemnización legal por despido o el equivalente a seis meses de salario del trabajador, sin considerar ayudas públicas.
Esta legislación presenta tanto un desafío como una oportunidad para las empresas, que deben evaluar proactivamente la posibilidad de realizar estos ajustes y documentar cada paso del proceso. No solo facilita el cumplimiento legal, sino que también fortalece la posición de la empresa frente a inspecciones o litigios.
La Ley 2/2025 es un avance crucial en la protección de los derechos laborales de personas con discapacidad, promoviendo entornos de trabajo más inclusivos. Entidades como Puigverd Assessors están dedicadas a asesorar a las empresas para adaptarse a esta legislación, impulsando prácticas laborales que reflejen principios de igualdad y no discriminación.
