El reciente fallo del Tribunal Constitucional, que avala la ley de amnistía, ha generado reacciones contundentes en el panorama político español. Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, ha aprovechado la ocasión para criticar al Tribunal Supremo, acusándolo de «boicotear la ley». En un mensaje difundido por su partido, Puigdemont enfatizó que «el margen prevaricador del Tribunal Supremo se está estrechando», reflejando así la tensión que persiste en el debate sobre la aplicación de la amnistía.

La decisión del Constitucional fue respaldada por seis de sus magistrados progresistas, mientras que cuatro conservadores votaron en contra. Aunque la sentencia elimina el último obstáculo legal para que la amnistía se implemente, Puigdemont no oculta su desconfianza hacia el sistema judicial español. Desde su exilio en Waterloo, cargó contra la institución judicial, afirmando que esta actúa de acuerdo a intereses políticos en lugar de aplicar la ley de manera imparcial.

Su declaración va más allá de un simple reproche; representa una denuncia de un sistema que, según él, se aleja de los principios de un Estado de derecho. Para Puigdemont, la amnistía no solo es «necesaria, sino que su incumplimiento podría llevar a una crisis profunda». Al respecto, sostiene que lo verdaderamente alarmante no es la ley en sí, sino las implicaciones que tiene su posible bloqueo, lo que a su juicio revela una «estafa democrática» del régimen español.

Con este nuevo capítulo en la saga del conflicto político entre Cataluña y el Estado, se reaviva el debate sobre la desconexión institucional. Mientras Puigdemont continua exigiendo una aplicación efectiva de la amnistía, la figura del Tribunal Supremo se ve arrastrada a un papel aún más político, lo que deja en vilo el futuro de las tensiones entre los distintos niveles de gobierno en el país. La batalla en este frente, advierte el ex presidente, apenas ha comenzado.