El PSOE ha propuesto una serie de enmiendas al proyecto de Ley de Función Pública que busca modernizar las condiciones laborales de los funcionarios en España. Entre las propuestas más relevantes destaca la intención de aumentar la edad de jubilación forzosa de los 70 a los 72 años, permitiendo a los empleados públicos continuar en sus puestos de trabajo durante dos años más. Esta medida se inscribe dentro de un enfoque más amplio hacia el envejecimiento activo, alentando a los funcionarios a seguir aportando su experiencia y conocimientos.
Además, se ha puesto énfasis en la necesidad de mejorar la conciliación familiar, especialmente con la propuesta de un nuevo permiso parental retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años. Esta iniciativa busca adaptar las normativas españolas a la Directiva europea sobre conciliación, una obligación que se ha vuelto urgente dado el señalamiento de la Comisión Europea sobre los retrasos en su implementación.
Otra de las medidas notables es la acumulación de permisos por nacimiento o adopción para familias monoparentales. Esta propuesta pretende responder a las demandas de justicia social, garantizando que los derechos de los niños en estas familias estén alineados con los de aquellos que provienen de familias biparentales. Así, se busca eliminar cualquier forma de discriminación en el acceso a permisos laborales.
Estas reformulaciones se presentan no solo como un ajuste a las demandas sociales y judiciales actuales, sino también como un reflejo de la creciente importancia de la conciliación entre la vida laboral y familiar en el servicio público. A medida que avanza el proceso legislativo, será fundamental observar cómo estas medidas impactarán en la práctica en la función pública y el bienestar de sus empleados.
