Las principales asociaciones de jueces y fiscales han manifestado su intención de llevar a cabo una huelga si logran un respaldo mayoritario de sus bases, en respuesta a las reformas judiciales promovidas por el Gobierno. Estas reformas, que buscan modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como la estructura de la Fiscalía General del Estado, son vistas por los magistrados como una amenaza a la independencia del poder judicial.
Este lunes, cerca del 70% de los jueces y fiscales en activo participaron en un paro simbólico frente a los tribunales, en el que denunciaron la gravedad de las propuestas en curso. Consideran que estas reformas ponen en peligro principios fundamentales del Estado de Derecho, como la autonomía judicial y del Ministerio Fiscal. Debido al amplio apoyo recibido durante la protesta, las asociaciones han establecido un proceso de consulta interna para determinar el respaldo a la huelga, la cual califican de legítima, responsable y proporcionada.
Un Comité de Huelga, formado por representantes de diversas organizaciones, como la Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial Independiente, ha sido creado para coordinar futuras acciones si se confirma el apoyo mayoritario. Las asociaciones destacan que las reformas han sido tramitadas sin un adecuado diálogo, lo que erosiona pilares esenciales del sistema judicial. El alto nivel de participación en la protesta refleja un profundo malestar en el sector, que demanda una Justicia que sea verdaderamente independiente y al servicio de los ciudadanos.
Este contexto de movilización judicial se sitúa en medio de un clima político polarizado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno a retirar los proyectos, argumentando que atentan contra la separación de poderes. Por otro lado, el ministro de Justicia sostiene que estas reformas son un intento de modernización del sistema judicial.
El conflicto podría intensificarse si se lleva a cabo la huelga, marcando un enfrentamiento sin precedentes entre el poder judicial y el legislativo, en un momento en que la oposición cuestiona las intenciones del Ejecutivo, pidiendo garantías para la independencia de los jueces.
