En recientes declaraciones, Patrick Breyer, diputado del Partido Pirata, ha puesto sobre la mesa una creciente inquietud en torno a la práctica de algunos fabricantes de incluir «interruptores de apagado» en sus productos, limitando así la posibilidad de reparación y análisis por parte de empresas independientes. Este asunto salió a flote a raíz de la revelación de que NewAg, una compañía polaca de fabricación de trenes, aplicó esta táctica en sus trenes eléctricos múltiples, esencialmente impidiendo que terceros realizaran reparaciones o análisis del software de los trenes bajo ciertas circunstancias.
En un esfuerzo por abordar esta problemática, Breyer se ha acercado a Thierry Breton, Comisionado del Mercado Interior de la UE, demandando una expansión de las regulaciones existentes en cuanto al derecho a reparar, las cuales actualmente se centran primordialmente en la protección al consumidor y dejan fuera al sector empresarial. El parlamentario argumenta que este cambio no solo es crucial para preservar los derechos de los usuarios sino también para mantener la competitividad de los servicios de reparación independientes. Más aún, Breyer sugiere la necesidad de otorgar a los usuarios un mayor control sobre la tecnología que adquieren, incluyendo la capacidad de modificar, personalizar y mejorar sus dispositivos, algo que, según argumenta, las actuales leyes de derechos de autor limitan severamente.
El caso de los «interruptores de apagado» no es único en el sector de los trenes. Un fenómeno similar ha sido reportado en la industria de los videojuegos, donde los fabricantes desactivan juegos populares a su discreción. Frente a esta situación, en colaboración con la iniciativa de jugadores «Stop killing games», el Partido Pirata está promoviendo una protección cultural para los videojuegos, buscando salvaguardar los intereses de los usuarios y evitar la desactivación arbitraria de dispositivos y contenidos digitales por parte de los fabricantes.
Este llamado a la acción resonará no solo entre los consumidores afectados directamente por las prácticas de los fabricantes sino también entre aquellos preocupados por la sostenibilidad y la obsolescencia programada, subrayando la creciente necesidad de un enfoque más integrador y respetuoso de los derechos digitales y de reparación en la legislación de la UE.
