En un movimiento político que está generando amplio debate, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha anunciado su decisión de iniciar acciones legales contra la reciente ley de amnistía, que fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Esta ley, que ha suscitado opiniones divididas en el ámbito político español, ha llevado a Page, del Partido Socialista, a alinear sus posturas con las de las comunidades gobernadas por el Partido Popular en su rechazo a la medida.
Durante un evento con motivo del Día de la Región, el presidente García-Page ha declarado su intención de solicitar un informe al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha esta misma semana. La finalidad de este informe es explorar con detalle las bases legales que permitan al gobierno regional presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Según Page, la controvertida ley de amnistía constituye una «agresión al concepto de igualdad», y sostiene que es imperativo que se investigue su constitucionalidad de manera rigurosa e imparcial.
García-Page ha explicado que asume como una responsabilidad su deber de proteger los intereses de Castilla-La Mancha, asegurando que cualquier duda sobre la legalidad de la ley debe ser aclarada. Destacó que su oposición a la ley no emerge únicamente de una discrepancia sobre su conformidad constitucional, sino que también alberga discrepancias de fondo.
Asimismo, el presidente autonómico ha expresado su desacuerdo con la ley, argumentando que, aunque en una democracia se deben aceptar las decisiones de la mayoría, considera que el perdón que propone la ley no debería ser otorgado a cambio de nada, desaprobando cualquier tipo de transacción o «chantaje» que pueda implicar. Esta posición crítica hacia la ley de amnistía subraya la tensión existente dentro del panorama político español, evidenciando las diferencias de opinión que una legislación de tal calibre puede generar entre líderes de diferentes espectros políticos.
