En un contexto de creciente tensión en la gestión de la inmigración, el Gobierno ha tomado la iniciativa de establecer un acuerdo integral con el partido Junts, centrado en la reforma de la ley de extranjería. Esta reforma busca abordar el desafío del reparto de menores inmigrantes, particularmente en las regiones de Canarias, Ceuta y Melilla, donde la presión migratoria ha alcanzado niveles críticos. La estrategia del Ejecutivo, marcada por intentos fallidos de colaboración con el Partido Popular, subraya su compromiso por romper el estancamiento legislativo actual.
El pacto con Junts no solo se limita a la gestión de la inmigración, sino que también abarca la transferencia completa de competencias migratorias a Cataluña. Esta demanda se convierte en un punto esencial para asegurar la aprobación de los presupuestos estatales futuros. Dentro de las negociaciones, se ha propuesto permitir a los Mossos d’Esquadra operar en puertos y aeropuertos catalanes, una solicitud formulada previamente por Junts y que ahora está bajo consideración del Gobierno.
La urgencia de este acuerdo se hace evidente ante las recientes declaraciones del presidente de Canarias, quien planteó la posibilidad de explorar alternativas si las negociaciones no avancen durante la Conferencia de Presidentes en Santander. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por progresar en este sentido, la reciente exigencia de Carles Puigdemont de una cuestión de confianza y las afirmaciones de la portavoz de Junts en el Congreso han complicado la situación y generado dudas sobre el futuro del pacto.
Un aspecto crítico de la discusión gira en torno al control de puertos y aeropuertos, que es fundamental para la entrada y salida de ciudadanos de terceros países del espacio Schengen. Aunque la Policía Nacional mantiene la competencia exclusiva en el control documental, la propuesta sugiere un rol más activo para los cuerpos autonómicos, como los Mossos y Ertzaintza, en la seguridad de estas zonas. Este cambio en la distribución de funciones podría constituir una reestructuración significativa de los poderes actuales.
Los desafíos relativos a la gestión de la inmigración y el reparto de menores inmigrantes son, sin duda, de los más delicados en la agenda política, sobre todo ante la crisis humanitaria en Canarias. A pesar de la resistencia inicial de Junts en respaldar la reforma, las recientes negociaciones apuntan a un posible cambio de postura. Esto podría acelerar la implementación de medidas necesarias para abordar la problemática.
Sin embargo, el destino de estas negociaciones sigue siendo incierto. Mientras que el presidente de Canarias aboga por una pronta solución legislativa, sugiriendo un real decreto ley, el Gobierno prefiere proceder mediante una modificación de la ley de extranjería a través de una proposición de ley, un enfoque que implicaría un proceso más largo y complicado.
Así, el Gobierno se enfrenta a la difícil tarea de conciliar las demandas de Junts con las necesidades nacionales y regionales, en un intento por obtener el apoyo necesario para sus iniciativas políticas y presupuestarias. Este escenario refleja la complejidad de la dinámica política en España, donde las negociaciones entre partidos juegan un papel crucial en el rumbo de políticas significativas y en la respuesta a desafíos sociales urgentes.
