En un desarrollo reciente dentro del ámbito judicial y cultural en Madrid, las autoridades han puesto su atención en el conocido productor Nacho Cano, a raíz de una denuncia que lo involucra en la contratación irregular de un grupo de becarios para su musical «Malinche». Una jueza de la capital española ha iniciado varias diligencias preliminares enfocadas en investigar las acusaciones que recaen sobre Cano y varios colaboradores, quienes presuntamente emplearon a alrededor de veinte jóvenes bajo un esquema que no cumple con la legalidad vigente.
Entre las medidas adoptadas por la justicia, se encuentra la convocatoria a declarar de los afectados y solicitantes de las becas, la denunciante del caso, así como la solicitud de información pertinente a diversas entidades oficiales. Según el expediente judicial, una serie de intercambios de mensajes vía WhatsApp sugieren que los becarios fueron orientados para ingresar al país presentándose como turistas, evitando mencionar cualquier intención de estudio u ocupación laboral vinculada al musical.
Nacho Cano, por su parte, ha defendido su posición alegando ser víctimo de una campaña en su contra, respaldada por motivaciones políticas debido a su apoyo público hacia la figura de Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha manifestado su apoyo al productor, criticando lo que considera un intento de persecución con trasfondo político.
Las indagaciones sobre este asunto comenzaron tras la denuncia presentada por una de las becarias involucradas, quien alegó prácticas irregulares por parte de Cano y su equipo. Estas prácticas incluirían el empleo de bailarines traídos desde México sin cumplir con los requisitos legales correspondientes, laborando bajo el sistema de becas en distintas facetas del musical, incluido el servicio en el área de bar del evento.
Frente a esta situación, el material recolectado por la Policía ha sido crucial para delinear el caso presentado por la magistrada María Inmaculada Iglesias ante el juzgado número 19 de Madrid. Los elementos recabados refuerzan la hipótesis de que los becarios fueron instruidos específicamente para eludir los controles migratorios estándares, bajo la falsa apariencia de turistas, inclusive utilizando billetes de retorno no destinados a ser usados efectivamente.
La investigación de la Policía, iniciada desde enero pasado, ha revelado que todos los becarios involucrados permanecían en España en situación irregular, al no haber abandonado el país tras la denegación de sus solicitudes de estancia por estudios. Además, se ha constatado la participación activa de estos jóvenes en las funciones del musical y en las actividades posteriores a las presentaciones, con actuaciones que incluyen labores propias de animadores en la zona de copas, extrapolando así la naturaleza de los ensayos a una clara relación laboral.
Este caso, que combina elementos de la industria cultural, prácticas laborales y regulaciones migratorias, sigue en desarrollo, pendiente de las futuras determinaciones judiciales y las implicaciones que pueda tener tanto para los responsables directos como para los jóvenes afectados.
