En un contexto cada vez más tenso alrededor de la seguridad de los altos funcionarios judiciales en España, el Ministerio de Interior está evaluando incrementar las medidas de protección para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta decisión se produce tras la filtración de datos personales críticos del fiscal y uno de sus escoltas, información que fue incluida en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y enviado al Tribunal Supremo.
García Ortiz ha manifestado su inquietud con respecto a la seguridad tanto de su equipo como la suya propia, expresando sus preocupaciones en una carta dirigida a la Secretaría de Estado de Seguridad. En dicha correspondencia, el fiscal general alerta sobre los riesgos que implica la difusión pública de datos sensibles, tales como números de teléfono, direcciones postales e identificaciones personales. Esta situación ha llevado al Ministerio de Interior a reconsiderar y posiblemente ampliar las medidas de seguridad alrededor de García Ortiz y su entorno cercano.
La problemática de la seguridad de figuras del ámbito judicial no es nueva, pero la actual situación tiene matices adicionales debido a que los documentos involucrados son parte de una investigación activa del Tribunal Supremo. Esta investigación afecta directamente a García Ortiz y otros dos fiscales, en relación con presuntas filtraciones de información delicada sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El escándalo ha implicado la revisión de correos electrónicos y múltiples denuncias, lo que ha desatado un escrutinio público sobre el comportamiento del fiscal general y su equipo. Además, se investiga un supuesto intento de la fiscalía para alcanzar un pacto con González Amador, en el que se contemplaba el reconocimiento de delitos fiscales a cambio de ventajas en el proceso judicial.
La gravedad de los acontecimientos ha llevado a García Ortiz a presentar una solicitud ante el Consejo General del Poder Judicial, en la que pide una revisión de cómo se manejó la información personal en el informe de la UCO, que ha sido clave en la causa por revelación de secretos.
La secuencia de estos eventos subraya la delicada frontera entre la necesidad de transparencia en la administración de justicia y la salvaguarda de la privacidad y seguridad de aquellos que ocupan posiciones sensibles en el Estado. A medida que esta situación avanza, se manifiesta que las repercusiones trascienden el ámbito legal, afectando aspectos fundamentales relacionados con la seguridad, la privacidad y la ética en la gestión de información sensible dentro del sistema estatal.
