La justicia en España atraviesa un momento crítico donde tanto la celeridad en los procesos como la eficiencia del sistema judicial han suscitado un creciente malestar entre la ciudadanía. Esta percepción se ha visto alimentada por factores estructurales que dificultan el correcto funcionamiento de los juzgados, llevando a un alarmante porcentaje de asuntos acumulados. Jorge Maza, exmagistrado y actual abogado, ha manifestado su preocupación por la situación y ha ofrecido un análisis de los desafíos que enfrenta el sistema.
Actualmente, según el Informe del Estado de derecho 2024, España se encuentra en una posición delicada en relación al número de jueces per cápita, situándose penúltima entre los países europeos analizados. Con una ratio de apenas 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, está muy por debajo de la media europea de 22 jueces, superando solo a Irlanda, Dinamarca, Malta y Francia. Esta carencia de recursos humanos dentro del sistema judicial repercute negativamente en la percepción pública; el servicio de justicia es visto como el peor evaluado en encuestas del CIS.
A pesar de que algunos estudios indican que quienes han tenido contacto directo con la justicia muestran una opinión más favorable, la verdadera realidad muestra juzgados desbordados, con más de 4 millones de casos pendientes y un crecimiento de 250.000 nuevos casos al año, lo que representa un aumento del 17% en el último periodo.
Maza critica, además, la forma en que los casos son manejados en España. A diferencia de otros países donde se filtran y preparan los asuntos antes de ser asignados a un juez, en España esta carga recae completamente sobre el magistrado, lo que favorece el congestionamiento del sistema. Asimismo, señala que el número de abogados en el país es excesivo, lo que incrementa aún más la complicación de los procesos.
Para enfrentar esta problemática, Maza plantea la implementación de la mediación como un medio eficaz para aliviar la carga de los juzgados. Inspirándose en modelos de países anglosajones y europeos, propone el uso de un enfoque alternativo conocido como «mini-trial». Esta modalidad facilitaría un diálogo constructivo entre las partes en conflicto, logrando una resolución más ágil y menos costosa.
La propuesta de Maza tiene el potencial de transformar profundamente la experiencia judicial en España, permitiendo que los conflictos se resuelvan de manera más eficiente y con una atención más centrada en las necesidades de los ciudadanos. Este enfoque no solo podría reducir la sobrecarga de trabajo en los tribunales, sino que también invita a un replanteamiento de cómo se lleva a cabo la administración de justicia en el país.
El actual panorama judicial presenta no solo desafíos significativos, sino también la oportunidad de abrir un debate fundamental sobre la modernización del sistema y su accesibilidad. La incorporación de métodos alternativos de resolución de conflictos, como el «mini-trial», podría ser clave para aligerar la presión en los juzgados y mejorar la percepción pública sobre la justicia en España. Es un momento propicio para poner en práctica innovaciones que realmente beneficien a la sociedad.
