La Audiencia Nacional ha dictado una contundente sentencia condenando a Francisco Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, antiguo líder del grupo terrorista ETA, a cumplir 52 años de cárcel. Esta decisión también afecta a dos colaboradores, Asier Arzalluz, conocido como ‘Santi’, y Aitor Aguirrebarrena, apodado ‘Peio’, vinculados a un intento de atentado con bomba en el año 2000 que afortunadamente no llegó a consumarse. El objetivo identificado por los acusados era un guardia civil en el municipio de Cintruénigo, Navarra, aunque, por error, la casa en la que colocaron la bomba estaba habitada por una mujer y su hijo menor de edad.
La condena impuesta a estos tres individuos responde a dos delitos de intento de asesinato de índole terrorista, sumando 38 años de privación de libertad, y a un delito adicional por intento de provocar estragos de carácter terrorista, lo que eleva la pena en 14 años más. Según se detalla en la sentencia, el artefacto explosivo fue estratégicamente situado en una jardinera situada en el alféizar de una ventana de la vivienda, maniobra ejecutada por Arzalluz y Aguirrebarrena siguiendo las órdenes directas de ‘Txapote’. Estaba planeado que este explosivo asesinara al guardia civil que, según creían, ocupaba la casa; sin embargo, la víctima en cuestión se había mudado desde 1996.
Por una falla en el circuito eléctrico, provocada por el deterioro de los hilos del cableado, el dispositivo nunca llegó a detonar. Especialistas del GEDEX de la Guardia Civil de Navarra localizaron y neutralizaron la amenaza el 28 de enero de 2001.
Durante el juicio, tanto Arzalluz como Aguirrebarrena reconocieron su involucración en el ataque planeado, mientras que ‘Txapote’ se mantuvo en silencio, una acción interpretada por el tribunal como falta de colaboración. No obstante, la acumulación de pruebas, incluidos documentos y una agenda personal de García Gaztelu con detallados planes del ataque terrorista, analizados por expertos grafólogos, fueron determinantes para estipular su liderazgo en el intento de atentado.
Esta sentencia subraya la determinación de España para enfrentar y castigar el terrorismo, destacando la capacidad del estado para actuar contra aquellos que intentan imponer sus propósitos por medio de actos violentos y terroríficos. Con esto, el país refuerza su compromiso hacia la seguridad de sus ciudadanos y la justicia para las víctimas de estos hechos.
