La Audiencia Nacional enfrenta dificultades en las citaciones relacionadas con la plataforma Tsunami Democràtic, evidenciadas por la serie de suspensiones y aplazamientos que han marcado el proceso judicial en los últimos días. Entre los investigados figura de manera prominente Marta Rovira, quien no se presentó a su comparecencia prevista para este miércoles, destacando su residencia actual en Suiza.
Por otro lado, Molina, otro de los investigados, sí llevó a cabo su declaración, aunque de manera virtual desde Barcelona. Durante esta, enfatizó que ni Tsunami Democràtic ni el movimiento independentista catalán fomentan la violencia. Molina, respondiendo solo a las preguntas de su abogada, rechazó cualquier involucramiento en actividades que pudieran constituir terrorismo, desafiando así las acusaciones del instructor del caso, Manuel García-Castellón.
La sesión judicial generó controversia, ya que las acusaciones populares no tuvieron oportunidad de pedir medidas cautelares como la prisión preventiva contra Molina. Este aspecto subraya las complejidades y tensiones dentro del proceso.
El respaldo a Molina no se limitó al ámbito legal, pues recibió explícito apoyo de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien criticó duramente a ciertos sectores de la justicia española por lo que considera una actitud vengativa. Esta posición cobra especial relevancia ante la proximidad de la aprobación de una ley de amnistía que beneficiaría a personas implicadas en el proceso independentista catalán.
El apoyo a Molina se extendió más allá de ERC, con representantes de Junts, los Comuns, y la CUP haciendo acto de presencia fuera del tribunal, demostrando solidaridad y acompañando el acto con aplausos y cánticos. Antes de su comparecencia, Molina había expresado preocupación por la posibilidad de ser encarcelada debido a sus ideales políticos, situación que se encuentra aun más cargada de tensión con la inminente ley de amnistía, poniendo en relieve el conflicto entre las aspiraciones independentistas catalanas y la postura del Estado español.