Las administraciones autonómica y central en España se encuentran en medio de una intensa presión legal tras las críticas que han surgido sobre su gestión durante la reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en Valencia. Este fenómeno meteorológico, que dejó un balance devastador de destrucción y afectó a numerosos ciudadanos, ha reavivado comparaciones con la gestión de la crisis del COVID-19 y ha generado un clima de descontento que se traduce en un inminente aumento de reclamaciones legales.
Los afectados se preparan para iniciar acciones legales en busca de compensaciones por los daños sufridos, empleando diversas vías como la contenciosa-administrativa, civil y penal. La dificultad que enfrentan es que la obtención de compensaciones no es automática y requiere demostrar que los perjuicios fueron consecuencia directa de un funcionamiento anómalo de los servicios públicos. Esto implica que los reclamantes no solo deben probar la relación entre los daños sufridos y la gestión de la crisis, sino también demostrar que estos no son atribuibles a su propia falta de cuidado o a circunstancias de fuerza mayor imposibles de prever.
Un caso emblemático en la historia reciente de la Comunidad Valenciana es la rotura de la presa de Tous en 1982, un episodio que dejó a la sociedad marcada por años de litigios y dificultades en la obtención de indemnizaciones. Este precedente evoca dudas sobre la rapidez con la que se podrán resolver las nuevas reclamaciones generadas por la DANA y si las autoridades estarán preparadas para gestionar un volumen considerable de demandas.
En este contexto, el consorcio de seguros ha empezado a gestionar un gran número de solicitudes de indemnización. Sin embargo, muchos ciudadanos podrían verse obligados a formular acciones legales adicionales si las aseguradoras no cubren adecuadamente los daños o si las compensaciones se perciben como insuficientes o tardías. La situación se complica aún más al considerar posibles acciones penales contra altos cargos gubernamentales por presuntos delitos relacionados con la omisión del deber de socorro durante la crisis.
A pesar de que la legislación prevé la exención de responsabilidad patrimonial de la Administración en casos de fuerza mayor, numerosos expertos sostienen que la ineficiencia en la respuesta y la preparación ante la DANA podría cuestionar esa defensa legal. Tal argumento podría establecer una conexión entre la falta de acción gubernamental y los daños sufridos por los ciudadanos, planteando así la posibilidad de que la administración rinda cuentas por sus omisiones.
Con un plazo limitado de un año para presentar reclamaciones, los afectados se enfrentan a un camino lleno de incertidumbres en su lucha por la justicia y la compensación. La situación revela un panorama complejo donde la exigencia de responsabilidades se torna crucial para impedir que errores de gestión se repitan en futuras crisis. La experiencia actual podría, en última instancia, servir como lección valiosa para mejorar la preparación y gestión de desastres naturales en el futuro.
