La declaración de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido aplazada. Esta decisión fue tomada por la jueza tras la solicitud expresada tanto por el PSOE como por Más Madrid, los cuales han pedido más tiempo para poder revisar con detenimiento la vasta cantidad de documentación relacionada con el caso. Estas formaciones políticas han argumentado que este tiempo adicional es necesario para explorar a fondo los detalles del caso y determinar la posibilidad de nuevos delitos.
El PSOE de Madrid ha señalado específicamente que su equipo legal ha encontrado dificultades para analizar todos los archivos recibidos hasta la fecha, lo que los llevó a solicitar la suspensión de las declaraciones que estaban previstas inicialmente para el 24 de junio de 2024. Según el partido, existen complicaciones derivadas de la ingeniería contable y otras actividades que sugieren que los supuestos delitos fiscales cometidos por González Amador podrían ser más graves de lo que se pensaba inicialmente, incluyendo posibles irregularidades con entidades en el extranjero.
Ambas formaciones, el PSOE y Más Madrid, han identificado indicios que podrían apuntar hacia delitos adicionales como el blanqueo de capitales, ampliación del delito fiscal, falsedad documental y delito contable. Esta ampliación de responsabilidades sugerida es una de las razones detrás de la petición de aplazamiento, argumentando la necesidad de dedicar más tiempo a la investigación y estudio del caso.
González Amador estaba citado para declarar por presuntos delitos de fraude tributario relacionados con el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, en los cuales se habría defraudado más de 352.000 euros. Ahora, su declaración ante los juzgados de Plaza de Castilla ha quedado en suspenso, mientras se estudia la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público que podría evitarle la cárcel.
En paralelo, se está atendiendo una querella presentada por González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto, por un supuesto delito de revelación de secretos. Esta acción legal surge a raíz de un desencuentro sobre la comunicación de un supuesto pacto ofrecido por la fiscalía, un hecho que la misma fiscalía ha desmentido.
La postergación de la declaración no solo permite una revisión más exhaustiva de la documentación y evidencias sino que también otorga un marco temporal que podría ser crucial para determinar el curso de las acciones legales en este complejo caso. Las próximas semanas son fundamentales para el avance de las investigaciones y las posibles resoluciones judiciales que puedan surgir.
