La Dirección General de Tráfico (DGT) de España ha dado un paso firme en su lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol al implementar una nueva legislación que redefine los límites de alcoholemia permitidos. Esta medida, que ha generado una intensa controversia entre la ciudadanía y expertos en seguridad vial, establece un límite unificado de 0,1 mg/l en aire espirado para todos los conductores, ya sean generales, noveles o profesionales, lo que se traduce en un equivalente de 0,2 g/l en sangre. Como consecuencia, incluso el consumo de una sola cerveza podría llevar a un conductor a superar la tasa legal, lo que evidencia la contundencia del enfoque de tolerancia cero que se busca adoptar.
El director de la DGT, Pere Navarro, ha aclarado que aunque la norma no establece una tasa de 0,0 mg/l, la intención es disminuir al máximo el riesgo asociado al alcohol al volante. Además, las sanciones por superar los nuevos límites se tornan más severas, con multas que oscilan entre 200 y 1.000 euros, y la posibilidad de perder puntos en el permiso de conducir. En casos extremos, las consecuencias podrían ir desde penas de prisión hasta trabajos comunitarios, reflejando así la seriedad con que se aborda la seguridad vial.
A pesar de que la normativa ya ha sido aprobada, su entrada en vigor no será inmediata y está programada para el año 2025, lo que ha alimentado un debate enfocado en los beneficios potenciales para la seguridad en las carreteras frente a las críticas que plantean preocupaciones sobre la restricción de libertades personales. Este cambio representa un hito en la legislación de tráfico en España, al modificar de manera significativa la percepción de la relación entre el consumo de alcohol y la conducción, en un contexto donde la seguridad en las vías se vuelve cada vez más prioritaria.
