En una reciente intervención, Vera Jourová, comisaria de la Unión Europea, abordó las preocupaciones surgidas entre la comunidad de jugadores respecto a la desactivación de populares videojuegos por parte de sus creadores. Este tema fue puesto en el foco por Patrick Breyer, eurodiputado del Partido Pirata, quien solicitó aclaraciones sobre cómo la legislación de la UE protege a los consumidores en tales casos. Jourová señaló que, bajo la actual normativa europea, no hay requerimientos específicos sobre la durabilidad de los productos digitales a menos que un contrato sea terminado prematuramente, en cuyo caso los consumidores podrían tener derecho a compensaciones.
Paralelamente, se llevó a cabo un webinar titulado «Stop the death of computer games», donde se expresó un fuerte deseo por establecer mecanismos de protección más robustos para los jugadores tras el anuncio de Ubisoft sobre el cierre del juego de carreras «The Crew» en marzo de 2024, aún cuando las ventas continuaron hasta diciembre de 2023. Expertos legales, incluyendo a Renate Schmid y al mismo Breyer, manifestaron dudas sobre la legalidad de tales acciones bajo la ley de protección al consumidor vigente.
Patrick Breyer enfatizó la necesidad de una legislación más clara y actualizada que defina específicamente qué se considera una cláusula contractual injusta, en aras de proteger mejor a los jugadores. Además, propuso que la UE debiera promulgar nuevas leyes que permitan a las comunidades de jugadores tomar control y preservar videojuegos que de otra manera quedarían obsoletos.
El evento también tocó el tema de los videojuegos como bienes culturales modernos y sugirió que los políticos deberían estar más involucrados y conscientes de las necesidades de la comunidad gamer. Propuestas como organizar una fiesta LAN en el Parlamento Europeo fueron discutidas, con el objetivo de acercar a los legisladores a este vibrante mundo y demostrar el potencial comunitario de los juegos.
Este debate subraya un punto crítico sobre cómo la evolución del entretenimiento digital desafía nuestras leyes y normativas existentes, y resalta la creciente necesidad de adaptarlas para proteger tanto a los consumidores como al patrimonio cultural que representan los videojuegos en nuestra sociedad.