El reciente intento del Consejo de la Unión Europea (UE) de establecer de forma permanente el Control de Chat 1.0 plantea serias preocupaciones legales y éticas. Un informe de evaluación que se espera para 2025 ya ha señalado la falta de efectividad en la recopilación de datos y la incapacidad de vincular la vigilancia masiva a condenas concretas, así como tasas de error alarmantes en la tecnología de detección. La decisión de convertir en permanente una derogación de derechos fundamentales, sustentada en un documento que reconoce explícitamente que los datos son insuficientes, es un flagrante incumplimiento de los principios de la legislación de la UE.
El argumento de la Comisión, que sostiene que la falta de evidencia de lo contrario implica la validez de la ley, cae en la trampa de la falacia lógica. La ausencia de pruebas que demuestren que la derogación de derechos no es proporcionada no puede justicar su permanencia. La carga de la prueba recae sobre quienes legislan, y este informe no aporta la evidencia necesaria para demostrar la eficacia y necesidad de tal medida.
Además, se identifica una desconexión crítica entre la vigilancia y las condenas. En sus hallazgos, el informe deja claro que no se puede establecer un vínculo directo entre los informes de los proveedores y condenas efectivas. La falta de datos concretos de grandes Estados miembros como Alemania y España sobre dichas condenas pone de manifiesto que el escaneo masivo de mensajes no contribuye significativamente a la resolución de crímenes. En vez de proporcionar información útil a las fuerzas del orden, el sistema genera un volumen de «ruido» que complica su trabajo.
También son preocupantes las elevadas tasas de error en la detección. Empresas como Microsoft han admitido no poder calcular su tasa de error, mientras que otras, como Yubo, han reportado cifras de error del 20%. Esto implica que miles de usuarios inocentes pueden ser erróneamente señalados y sus comunicaciones puestas en riesgo. La falta de rendición de cuentas y transparencia de las grandes tecnológicas eleva aún más la gravedad de la situación, ya que la tasa de error real podría ser mucho más alta según expertos.
A esto se suma un caos generalizado en la recopilación de datos. La Comisión ha reconocido que los proveedores no aplicaron un formulario de reporte estándar, resultando en datos fragmentados e incompletos de los Estados miembros. La incapacidad de la UE para supervisar eficazmente estas prácticas es alarmante y convierte un arreglo temporal disfuncional en una solución permanente.
Otro aspecto crítico es la obsolescencia del reglamento frente al creciente uso de encriptación de extremo a extremo en aplicaciones de mensajería. La disminución del 30% en informes en 2024 revela que la vigilancia masiva se convierte en un modelo insostenible, a medida que las plataformas adoptan medidas de seguridad más robustas.
Por último, el informe evidencia una alarmante falta de evaluación en cuanto a la intrusión en la privacidad de los ciudadanos. No se presentó información que demuestre que las tecnologías se implementan de la manera menos invasiva posible, lo cual es un requisito legal.
El Consejo de la UE está impulsando un régimen de vigilancia masiva que adolece de altos índices de error, carece de pruebas de eficacia, presenta fallas en la supervisión y se enfrenta a un entorno cada vez más resistente. Esta situación pone en riesgo la privacidad de todos los ciudadanos por una política que se admite no puede ser cuantificada ni validada de manera adecuada. Es fundamental revisar y reconsiderar estas normativas para proteger los derechos personales y la privacidad en el ámbito digital.
