A partir del próximo ejercicio fiscal, la Agencia Tributaria ha implementado una nueva normativa que exigirá a todos aquellos que reciben prestaciones por desempleo la obligación de presentar la declaración de la Renta, sin consideración por el nivel de ingresos. Esta medida, originada en el Real Decreto-ley aprobado recientemente en mayo, tiene como fin mejorar la protección por desempleo y simplificar el proceso, aunque significará un cambio significativo para aquellos acostumbrados a no declarar debido a ingresos inferiores al umbral establecido de 22.000 euros anuales.
Anteriormente, solo era necesario declarar si los ingresos obtenidos superaban dicha cantidad con un solo pagador, o 15.876 euros si se contaba con más de un pagador. Esta nueva política afectará en particular a quienes perciben las prestaciones, independientemente de sus ingresos totales, y busca un control fiscal más exhaustivo sobre estas ayudas.
Existen sanciones marcadas para quienes no cumplan con la nueva obligatoriedad. Según el Real Decreto-ley, no presentar la declaración resultará en la cancelación de la prestación por desempleo para el infractor. Las multas varían; por ejemplo, si se debe pagar en base a la declaración no presentada, las penalizaciones oscilarán entre el 50% y el 150% de la deuda total, dependiendo del daño económico ocasionado y si es una reincidencia. Incluso en situaciones donde la declaración resultara en una devolución, el incumplimiento podría llevar a multas fijas de hasta 200 euros, lo que podría convertir una devolución en una deuda.
Estas medidas se suman a otras ya aplicadas por la Agencia Tributaria para fortalecer el control fiscal sobre los beneficiarios de ayudas públicas y los autónomos, afectando a más de 200,000 trabajadores independientes quienes, desde 2023, también deben declarar sin importar el monto de sus ingresos.
La nueva regulación para los desempleados tomará efecto con la declaración de la Renta del año 2024, que se presentará en la primavera de 2025, y busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, impactando directamente en la continuidad de la percepción de las prestaciones por desempleo para aquellos que no se adhieran a la normativa.
