La Audiencia Provincial de Cáceres ha emitido un fallo reciente en el caso del robo de botellas de vino de alto valor del conocido restaurante Atrio situado en Cáceres, desestimando la petición de expulsión de España para Constantin Gabriel Dumitru, uno de los condenados por este crimen. Dumitru, quien cumple una pena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito de robo con fuerza en un establecimiento considerado de «especial gravedad», había solicitado, a través de su defensa, ser expulsado del país como alternativa a la reclusión.
La solicitud de Dumitru fue rechazada inicialmente y, tras un recurso de súplica contra esta primera decisión, la Audiencia ha mantenido su posición, forzando a Dumitru a seguir cumpliendo su condena en la prisión. La defensa argumentaba que el delito no revestía la gravedad suficiente que impidiese contemplar la expulsión del país y cuestionaba si la permanencia de Dumitru en España representaba un peligro real para la seguridad pública. Ante esto, la Audiencia ha indicado que la evaluación sobre la peligrosidad de un ciudadano comunitario y su posible expulsión recae en la administración, basándose en criterios no exhaustivamente detallados en el Código Penal vigente.
Esta decisión subraya una notable diferencia en el tratamiento de Dumitru en comparación con Priscila Lara Guevara, quien también participó en el mismo delito. Guevara fue expulsada a México, su país natal, tras cumplir dos años de una condena de cuatro. Esta disparidad en las medidas aplicadas destaca los distintos enfoques adoptados por la justicia española hacia los ciudadanos de la Unión Europea y aquellos de terceros países respecto a la expulsión como medida sustitutiva de la pena de prisión.
El caso del robo en el restaurante Atrio ha captado la atención mediática no solo por el valor de las botellas robadas, sino también por el debate que ha generado en torno a las políticas de seguridad y legislación sobre expulsión en España. La determinación de la Audiencia de Cáceres refuerza la idea de que ciertos delitos, más allá de la nacionalidad del perpetrador, exigen una respuesta punitiva que priorice la justicia y la seguridad pública sobre la expulsión como alternativa penal para los ciudadanos de la Unión Europea. Este episodio resalta la complejidad y las tensiones existentes en la aplicación de la ley y las políticas de extranjería dentro del contexto español.
