En la actualidad, el acceso a la jubilación anticipada para personas con discapacidad en España presenta diversas limitaciones. Aquellos con un grado de discapacidad del 33% no pueden beneficiarse de esta opción, ya que la legislación vigente requiere un umbral mínimo del 45% o 65%, dependiendo de la edad que tengan al momento de solicitar dicho derecho. Esta normativa excluye a un grupo significativo de personas que, a pesar de sus condiciones, todavía no pueden acceder a la jubilación anticipada.
Con un 45% de discapacidad, las personas pueden solicitar la jubilación anticipada a partir de los 56 años, mientras que esta posibilidad se abre a quienes alcancen el 65% ya desde los 52 años. Sin embargo, no solo se debe cumplir con el porcentaje requerido, sino que también es fundamental haber cotizado un tiempo mínimo y estar en una situación laboral adecuada.
En 2023, el Gobierno ha implementado cambios destinados a facilitar el acceso a la jubilación anticipada para personas con discapacidad. Entre las reformas más destacadas se encuentra la reducción del tiempo mínimo de cotización que debe acreditarse tras el diagnóstico de discapacidad, que ha pasado de 15 a 5 años. Asimismo, se ha permitido la combinación de diversas patologías discapacitantes para alcanzar el umbral del 45%, lo que amplía las posibilidades de acceso para más personas.
Las condiciones que permiten optar a la jubilación anticipada incluyen una amplia gama de enfermedades y discapacidades, como discapacidades intelectuales, parálisis cerebral, anomalías genéticas, fibrosis quística, enfermedades neurológicas y trastornos del espectro autista, así como diversas enfermedades mentales.
A pesar de estas medidas, la implementación de las reformas de 2023 enfrenta críticas. Organizaciones como CERMI han señalado que aún persisten obstáculos significativos que dificultan el acceso equitativo a la jubilación anticipada para las personas con discapacidad. La intención del Gobierno de ágilitar la incorporación de nuevas enfermedades a través de una Orden Ministerial anual todavía no ha logrado satisfacer las expectativas de quienes defienden los derechos de estas personas. De esta manera, se pone de manifiesto que, aunque se han dado pasos hacia adelante, también queda un largo camino por recorrer para asegurar una inclusión plena y justa en el sistema de jubilación para todos.
