Más de dos años después de su implementación, la ley conocida como «solo sí es sí» ha vuelto a suscitar la controversia en el ámbito judicial y social debido a las rebajas de penas a agresores sexuales que ha propiciado. El reciente caso de dos miembros de La Manada, condenados a 15 años de prisión por la violación grupal durante las fiestas de San Fermín de 2016, quienes han solicitado la aplicación de esta normativa para obtener una reducción de sus penas, ha reavivado el debate público en torno a esta ley. Esta situación no es aislada; entre diciembre y enero, al menos otros cuatro agresores también se beneficiaron de reducciones de pena bajo esta legislación.
El Consejo General del Poder Judicial había dejado de actualizar el recuento oficial de beneficiados desde noviembre, cuando ya se registraban 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones. Aunque el Tribunal Supremo se ha mantenido activo en la revisión de sentencias, corrigiendo interpretaciones erróneas de las audiencias provinciales respecto a la ley, lo que ha resultado en la rebaja de penas, muchas veces acompañadas de inhabilitaciones. Un caso notable involucra a un hombre condenado por agresión sexual continuada a su hermana menor de edad, quien inicialmente recibió una condena de catorce años y fue rebajada a trece años tras la aplicación de la ley.
Este fenómeno ha llevado a numerosos condenados por delitos sexuales a reclamar la aplicación retroactiva de la ley para conseguir la reducción de sus penas. A pesar de que el PSOE reformó la ley en 2023 para intentar subsanar lo que se ha calificado como un «agujero» en su aplicación, las revisiones de sentencias continúan. Ángel Boza, miembro de La Manada, es un ejemplo de cómo la ley ha influido en la duración de las penas, al ver su condena reducida de 15 a 14 años.
La persistencia de estos beneficios para los agresores sexuales mantiene abierto el debate sobre la efectividad y las consecuencias de la ley «solo sí es sí», poniendo de manifiesto la complejidad y la sensibilidad de la justicia en casos de agresiones sexuales en el contexto legal español. La situación resalta la necesidad de un análisis más profundo sobre cómo estructurar la legislación relacionada con delitos de esta gravedad, así como el impacto que estas decisiones tienen en las víctimas y en la sociedad en general.
