En un movimiento polémico, diversas localidades del Maestrazgo han revisado sus normativas urbanísticas, reduciendo la protección de su patrimonio natural y cultural, para dar cabida a las infraestructuras necesarias para el Clúster de energías renovables, recién aprobado por el Gobierno de España. Este ambicioso proyecto contempla la creación de veinte parques eólicos y dos fotovoltaicos, sumando un total de 122 aerogeneradores, lo cual promete cambiar radicalmente el panorama de estas áreas bajo protección.
El informe de urbanismo del año 2021 destacaba, en su momento, la inviabilidad de emprender proyectos de esta naturaleza en las zonas designadas, debido a su clasificación como Zonas de Interés Paisajístico y/o Geológico y Zonas de Interés Rústico Forestal. No obstante, municipios como Fortanete, La Iglesuela del Cid y Cantavieja han modificado su normativa para admitir instalaciones de utilidad pública o de interés social, incluidos específicamente los parques de energías renovables.
El proyecto, el cual es el más grande en su tipo en España, ha desatado una fuerte polémica. Por un lado, conlleva la transformación de un entorno valorado por su diversa fauna, flora y arquitectura, con casi la mitad de las localidades afectadas reconocidas como Bien de Interés Cultural. Por otro lado, a pesar de la promesa de creación de empleo y desarrollo económico para la región, la compensación parece insuficiente para algunos críticos del proyecto, quienes argumentan que se pierden valores naturales y culturales irreemplazables.
La reciente votación en las Cortes, donde se desestimaron propuestas que pedían reconsiderar la autorización del Clúster, evidencia el dilema entre avanzar hacia las energías renovables y preservar el patrimonio natural y cultural. No obstante, a pesar de la posición de las instituciones, diversas organizaciones y colectivos, incluidos ingenieros y defensores del medio ambiente, han manifestado su oposición. Critican la falta de una planificación adecuada y alertan sobre el riesgo de causar daños irreparables.
Este conflicto resalta la dificultad de balancear el desarrollo de la infraestructura de energía renovable con la conservación del medio ambiente y el patrimonio cultural en zonas de alto valor patrimonial. La decisión de flexibilizar la normativa urbanística para favorecer proyectos de energía renovable no solo levanta preguntas sobre la sostenibilidad ambiental a futuro, sino que también cuestiona la autonomía de las comunidades locales frente a grandes emprendimientos y sus impactos en el modo de vida y paisaje de estas áreas del Maestrazgo.
