La reciente decisión del Ministerio de Hacienda de no ajustar el umbral exento de IRPF ha generado un intenso debate fiscal y social en España. Este cambio implica que, por primera vez, algunos trabajadores que reciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) deberán tributar, lo que está suscitando controversia en diversos sectores.

Con el SMI fijado en 1.184 euros mensuales, equivalente a 14 pagas, aproximadamente 500.000 trabajadores se verán obligados a abonar el IRPF. Este grupo está compuesto principalmente por jóvenes y empleados en sectores como la hostelería y la agricultura. Para un trabajador soltero sin cargas familiares, esto se traduce en una retención de unos 300 euros al año. Por otro lado, quienes cuenten con hijos u otras personas a su cargo continuarán exentos o enfrentarán retenciones mínimas.

La discusión se centra en la conveniencia de vincular el umbral exento al SMI. Un debate que se ha encendido aún más a raíz del aumento del 61% del SMI desde 2018, lo que ha llevado a muchos trabajadores a acercarse al umbral de tributación. Los expertos indican que el SMI y el mínimo exento de IRPF son medidas que cumplen funciones distintas, y que igualarlas podría ser contraproducente desde el punto de vista económico.

Este dilema también plantea interrogantes sobre la progresividad del sistema fiscal español. La Constitución garantiza que los ciudadanos contribuyan al sistema en función de su capacidad económica, pero destaca igualmente la necesidad de mantener la universalidad, evitando vacíos fiscales en los tramos del IRPF. Este aspecto se convierte en un punto neurálgico de la controversia actual.

Las repercusiones de no ajustar el umbral exento son significativas para las finanzas públicas. Si se hubiera optado por mantener el ajuste, el coste para el Estado habría ascendido a unos 1.500 millones de euros, lo que representa una décima del PIB español. Este ahorro, sin embargo, habría beneficiado principalmente a los contribuyentes de rentas medias y altas, elevando el límite desde el cual se empieza a tributar.

Los sindicatos han hecho un llamado a una reforma fiscal integral, abogando por que el salario neto de los trabajadores con SMI alcance al menos el 60% del salario medio. Por su parte, el Ministerio de Hacienda argumenta que la carga fiscal para rentas bajas en España es inferior a la media de otros países europeos, como Alemania y Francia, lo que añade otra capa de complejidad a este debate que promete continuar en el futuro.