Desde el 3 de febrero de 2025, las empresas en España estarán sujetas a un nuevo régimen de transparencia, derivado de la necesidad creciente de combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Esta nueva medida, que surge como consecuencia de la Ley del 24 de mayo de 2023, obliga a las compañías a reportar información detallada sobre sus dueños reales cada vez que se inscriban, actualicen datos o se den de baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
La Hacienda Pública demandará que las entidades proporcionen elementos de identificación claros de sus titulares reales, los cuales incluyen datos personales como el Documento Nacional de Identidad (DNI) o número de identificación extranjero, nombres completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de expedición del número de identificación y país de residencia. Esta información se deberá presentar a través del Modelo 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja, un formulario ya conocido por los empresarios pero que, a partir de la entrada en vigor de estas nuevas disposiciones, incorporará un apartado especialmente destinado a registrar a los beneficiarios finales.
Además, esta nueva legislación también incide sobre las actividades comerciales online, estableciendo que plataformas digitales de compraventa entre particulares, como Wallapop, reporten al fisco las operaciones realizadas por sus usuarios. Esta medida se suma al esfuerzo por incrementar la vigilancia sobre las finanzas digitalizadas y prevenir maniobras de evasión fiscal o malversación de fondos.
Hacienda ha abierto un diálogo con la población y los agentes económicos a través de una convocatoria pública que concluye el 5 de agosto, solicitando observaciones sobre el Proyecto de Orden diseñado para implementar estas modificaciones en el Modelo 036. Este proyecto entra en un marco más amplio de adaptación, donde también se contempla que los Modelos 036 y 030 (Censo de obligados tributarios) sean ajustados para potenciar el sistema de avisos a los contribuyentes, facilitando incluso que estos reciban notificaciones mediante el uso de correo electrónico, números de teléfono o mediante la aplicación de la Agencia Tributaria.
Este conjunto de medidas podría marcar un antes y un después en la manera en que se lleva a cabo la fiscalización de las actividades empresariales en España. Al destapar los velos corporativos y exponer a los verdaderos propietarios, se busca minar el terreno a las maniobras de ocultación y fraude, alineando al país con los estándares europeos de transparencia fiscal y cooperación administrativa. La promesa detrás de estos esfuerzos es ofrecer un sistema tributario más justo para todos, donde la evasión fiscal y el blanqueo de capitales encuentren cada vez menos grietas por donde filtrarse.
