En una reciente entrevista, el destacado abogado internacional Robert Amsterdam ha planteado serias acusaciones contra la Agencia Tributaria española, señalando que su comportamiento se asemeja al de una organización coercitiva. Amsterdam, conocido por defender a figuras perseguidas por regímenes autoritarios, sostiene que la AEAT actúa fuera del marco legal y realiza una «campaña sistemática de intimidación» que socava principios democráticos esenciales.

El abogado resalta un aspecto crítico del sistema: la política de incentivos para los inspectores de Hacienda. Según Amsterdam, estos funcionarios son premiados por la cantidad de sanciones que imponen, incluso si éstas son posteriormente anuladas por los tribunales. Este enfoque, argumenta, favorece prácticas que castigan al contribuyente sin repercusiones para los inspectores al momento de cometer errores.

Amsterdam denuncia una serie de tácticas que califica de dignas de regímenes autoritarios, tales como interrogatorios a familiares e incluso niños, verificaciones en escuelas y la difusión de listas de deudores en fases de apelación. «Esto no es gestión fiscal, es terrorismo institucional», afirma, aludiendo a la magnitud de las prácticas administrativas de la AEAT.

El abogado también destaca lo que considera una grave violación de derechos: España sería el único país en Europa donde los contribuyentes deben pagar antes de poder apelar sanciones. La falta de independencia de los tribunales fiscales, añade, exacerba aún más esta situación.

Amsterdam advierte que el actual modelo de abuso fiscal no es exclusivo del gobierno de Pedro Sánchez, sino que es un fenómeno resultante de políticas establecidas por múltiples administraciones a lo largo del tiempo. Propone varias reformas estructurales, incluyendo la eliminación de los bonos por recaudación a inspectores y la promulgación de leyes que garanticen la presunción de inocencia del contribuyente.

Al final de su intervención, Amsterdam realiza un llamado urgente a la ciudadanía para que tome conciencia de la situación que enfrenta. Instó a los españoles a discernir entre relatos de injusticia y a cuestionar un sistema que, según él, se ha desviado del estado de derecho. Hasta ahora, la Agencia Tributaria no se ha pronunciado sobre estas alegaciones, lo que ha reavivado un debate nacional sobre los límites del poder fiscal y el respeto a los derechos fundamentales en el país.