Desde 2017, el sistema tributario español ha experimentado una profunda transformación, impulsada por la integración de la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos. La Agencia Tributaria ha comenzado a acercarse a un ámbito de conocimiento financiero que, hasta hace poco, parecía inalcanzable.
El primer paso significativo hacia esta nueva era se dio en julio de 2017, con la introducción de una modificación en la Ley del IVA, que estableció el Sistema de Información Inmediata (SII). Este sistema obligó a las grandes empresas, aquellas con facturación superior a seis millones de euros anuales, a enviar electrónicamente los detalles de sus facturas a la Agencia Tributaria dentro de un plazo de hasta cuatro días. Esta medida buscaba mejorar la transparencia y combatir el fraude fiscal.
Ocho años después, el SII no solo se encuentra operativo, sino que ha ido expandiéndose progresivamente, abarcando también a empresas de menor tamaño. Para 2025, los avances en tecnología están llevando esta fiscalización a nuevos niveles, utilizando herramientas de inteligencia artificial que permiten un análisis más rápido y eficiente de las operaciones económicas.
El gran cambio ocurre en la forma en que la Agencia Tributaria recopila y procesa la información. Si un consumidor solicita una factura en cualquier gran establecimiento, desde tiendas físicas hasta plataformas de comercio electrónico, esos datos se integran en una extensa base de datos que incluye millones de transacciones. Aunque esto puede no parecer relevante para el ciudadano común, permite a la administración tributaria identificar discrepancias entre el estilo de vida de las personas y sus declaraciones fiscales.
Previos procesos de análisis que requieren semanas ahora se realizan en cuestión de segundos gracias a la inteligencia artificial y al uso de GPU de alta potencia, como las de NVIDIA, que están facilitando el aprendizaje automático en esta área. Aunque el Gobierno español no ha confirmado oficialmente la adquisición de esta tecnología, se especula con su implementación para optimizar la fiscalización.
Este proceso de transformación digital no está exento de críticas. Por un lado, presenta ventajas significativas: mejora la eficiencia del sistema, permite emplear mejor los recursos humanos en casos complejos y combate de manera más efectiva el fraude. Por otro lado, suscita inquietudes sobre la privacidad de los ciudadanos y la proporcionalidad del uso de datos personales. La pregunta sobre cuánto debe saber el Estado sobre los hábitos de gasto de un individuo, así como la posibilidad de errores o abusos en los algoritmos, se han vuelto centrales en este debate.
Además, existe un creciente clamor entre la población por un uso más equilibrado y transparente de los datos, así como por una simplificación real del sistema tributario. Muchos demandan que las nuevas tecnologías no se traduzcan en una mayor presión fiscal, sino que sirvan para mejorar el cumplimiento y la experiencia del contribuyente.
En conclusión, la digitalización de la Agencia Tributaria marca un punto de inflexión en la gestión fiscal en España, prometiendo un control más riguroso y eficiente. Sin embargo, el éxito de esta transformación dependerá de cómo se utilicen estas innovaciones. La llegada de la inteligencia artificial al ámbito tributario está aquí para quedarse, y la sociedad espera respuestas a las preguntas éticas y prácticas que surgen en este nuevo contexto.
