En un giro inesperado dentro de la esfera política y jurídica de España, el lunes se marcó el final del caso Tsunami Democràtic, una trama que ha mantenido en vilo tanto a la justicia como al ámbito político durante meses. La Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Manuel García-Castellón, decidió archivar la investigación que involucraba a diez imputados, entre ellos a la figura prominente de Marta Rovira, secretaria general de ERC, debido a un fallo técnico en el proceso.
Este importante cambio de rumbo se produjo tras una determinación por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la cual concluyó que todas las pruebas acumuladas desde el 29 de julio de 2021 eran inválidas por haberse autorizado la continuación de la investigación fuera del plazo legal, superándolo por apenas 24 horas. Dicha extensión irregular del plazo investigativo desencadenó la inadmisibilidad de las evidencias recabadas posteriormente, lo que a su vez precipitó el archivo del caso respecto a los diez sujetos imputados.
Si bien esta decisión excluye al expresidente catalán Carles Puigdemont, cuyo caso aún se encuentra bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo debido a su condición de aforado, la medida adoptada por García-Castellón podría influir en futuras resoluciones del Supremo, ya que parte de la investigación se fundamentaba en los hallazgos de la Audiencia Nacional.
El error que desató este desenlace tuvo lugar cuando la investigación fue incorrectamente prorrogada más allá del límite establecido, un error que, aunque mínimo en el aspecto temporal, trajo consecuencias drásticas. El fallo ha sido respaldado por los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio, quienes firmaron la resolución que anulaba todas las pruebas conseguidas a partir de la fecha crítica.
Este caso comenzó como una indagación sobre las movilizaciones y disturbios desatados en Cataluña después de la sentencia del procés en octubre de 2019. Hasta el momento de su clausura, la investigación había ocupado un papel central en las negociaciones políticas, especialmente en lo que concierne a una propuesta de ley de amnistía que beneficiaría a los imputados.
Las reacciones no tardaron en surgir dentro del movimiento independentista. Figuras como Jordi Turull, secretario general de Junts, condenaron el desarrollo de la investigación, mientras Marta Molina, una de las eximputadas, interpretó la decisión como un triunfo inicial en lo que promete ser una batalla legal y política persistente.
Ahora, con la causa archivada, se establece un precedente que no solo tiene efectos inmediatos sobre los involucrados directos, sino que también podría ejercer una influencia significativa en cómo se manejen en el futuro las investigaciones relacionadas con el activismo y movimientos independentistas en Cataluña. La decisión introduce un escenario inédito en la dinámica entre la justicia española y el independentismo catalán, abriendo posibles vías de negociación y diálogo que antes parecían cerradas. Además, potencialmente modifica la situación de personas como Marta Rovira, planteando un futuro donde su regreso a Cataluña, tras años en Suiza, emerge como una posibilidad concreta.
