El 14 de abril del 2023 fue un día histórico para España, ya que se estableció que acosar a mujeres que acuden a abortar es un delito penado con prisión o trabajos comunitarios. Esta legislación es un avance significativo en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres.
Sin embargo, la lucha por la autonomía reproductiva de las mujeres continúa. Las organizaciones antiabortistas siguen acosando a las mujeres, generando un ambiente de intimidación y presión. Es importante denunciar estas prácticas y exigir un entorno seguro y libre de coerción para las mujeres que buscan acceder al aborto.
Además, es fundamental que se garantice el acceso a métodos anticonceptivos de última generación y a la píldora del día después, así como la implementación de programas educativos en materia de educación sexual y prevención del embarazo no deseado.
Es crucial que el gobierno autonómico cumpla con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y garantice el acceso a servicios de aborto en todos los hospitales públicos. Asimismo, se debe promover la igualdad de género y la corresponsabilidad en el cuidado y la crianza, así como el acceso a políticas públicas que faciliten la conciliación familiar y laboral.
La Plataforma 8M de Toledo ha alzado la voz para exigir el cumplimiento de estas demandas y poner fin al acoso y la intimidación a las mujeres que buscan acceder al aborto. Es fundamental seguir promoviendo la autonomía y la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre su salud reproductiva y su futuro.
