En Madrid, las residencias de mayores enfrentan críticas renovadas por la calidad de su alimentación, especialmente durante los meses de verano. La controversia, que ha involucrado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se centra en las persistentes denuncias sobre comidas en mal estado servidas a los residentes, lo que ha avivado un debate en torno a la gestión de la alimentación en estos centros.
La organización Marea de Residencias, que agrupa a trabajadores y familiares de los residentes, ha liderado las críticas, proporcionando evidencia fotográfica de alimentos en condiciones deplorables, incluidas frutas podridas y platos de baja calidad, desencadenando reacciones adversas en redes sociales y entre el público general.
Estas acusaciones no son nuevas para la administración de Ayuso, cuya gestión durante la pandemia del COVID-19 y el trágico saldo de fallecimientos en residencias ha sido motivo de constante debate político y social. Los llamados «protocolos de la vergüenza», que limitaban el traslado de residentes a hospitales, han dejado una marca imborrable en su mandato.
Marea de Residencias ha ido más allá de criticar la alimentación, señalando otros aspectos de la atención que afectan la dignidad de los mayores, como el uso de pañales de baja calidad. La ironía de su denuncia también ha tocado la afición de Ayuso por la fruta, contrastando esta preferencia personal con la realidad alimenticia de las residencias.
Pese a las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a proveedores por suministrar comida en mal estado, estas empresas han continuado recibiendo contratos para el abastecimiento en residencias de mayores y otros centros sociales. Este hecho ha generado interrogantes y críticas respecto al proceso de contratación y supervisión llevado a cabo por las autoridades competentes.
Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid, ha cuestionado la lógica detrás de permitir que empresas sancionadas continuamente sean elegidas para proveer servicios esenciales, sugiriendo una contradicción en las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid frente a las irregularidades detectadas por la CNMC.
Este escenario refleja la complejidad y los desafíos que acompañan la gestión de la alimentación en residencias de mayores, evidenciando una brecha entre las expectativas de calidad de vida para los ancianos y la realidad operativa dentro de estos centros. La situación en Madrid continúa generando un llamado a la acción para garantizar la dignidad y el bienestar de los mayores, poniendo en relieve la necesidad de una supervisión más estricta y de reformas en el sistema de contratación de proveedores.
