La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha decidido liberar a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, quien había estado encarcelado desde el 29 de mayo en el contexto de la operación Borrasca. Esta decisión se produce tras la solicitud de la Fiscalía, respaldada por la confirmación de la Comisaría General de Información de la Policía, que aseguró que las pruebas relacionadas con su caso estaban aseguradas. Así, al eliminarse el riesgo de destrucción o alteración de evidencias, no se justificaba su permanencia en prisión.
Martínez había sido arrestado por su supuesta implicación en una red de ciberataques supuestamente liderada por el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec. En esta misma operación, que atrajo la atención mediática, también se detuvo a Adrián M., que sigue en prisión, y a Álvaro Martín, un youtuber que fue apresado en Andorra y sobre el cual se ha solicitado su extradición.
El exsecretario ha defendido su inocencia durante las declaraciones ante la jueza, asegurando que no se benefició económicamente del trabajo con el grupo de Alcasec. Martínez manifestó que su intención fue ayudar al hacker, actuando inicialmente como abogado y luego como asesor, sin conocer la magnitud de las actividades que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, Tardón ha afirmado que su rol fue fundamental en la creación de un blindaje legal y patrimonial que permitía a los miembros de la organización operar sin temor a ser detectados.
Cabe destacar que este no es el único lío judicial en el que se encuentra Martínez. Ya enfrenta otros casos, incluida la investigación del caso Kitchen, que indaga sobre un presunto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, donde la Fiscalía está solicitando una pena de 15 años de prisión. También es objeto de indagaciones por un supuesto espionaje a integrantes de Podemos, pero hasta ahora no había sido encarcelado en esos procesos.
La defensa de Martínez ha cuestionado la decisión de la jueza, argumentando que las acusaciones en su contra buscan completar un panorama que permita hablar de una organización criminal. Insisten en que su labor siempre estuvo orientada hacia la ciberseguridad. La resolución de su libertad representa un desarrollo significativo en un caso que continúa generando un intenso debate en el ámbito judicial.
